Quince estados interpusieron una demanda federal el jueves contra el gobierno del presidente Joe Biden por una norma que permitirá a a 100.000 inmigrantes, traídos a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños, adquirir seguir médico en el marco de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés).
Jonathan Skrmetti, Fiscal General de Tennessee “Este intento de dirigir ilegalmente amplios beneficios de atención médica a inmigrantes indocumentados es parte de un patrón más amplio de una administración que no toma en serio nuestras instituciones constitucionales”.
La demanda argumenta que la norma propuesta por Biden viola una ley de reforma de la asistencia social de 1996 y la ACA.
También dice que animaría a más inmigrantes a venir a EEUU ilegalmente, lo que supondría una carga para los estados y sus sistemas de escuelas públicas.
Isaías Guerrero, beneficiario de DACA “Es básicamente un ataque político que se sigue repitiendo, es increíble que el 70% de los estadounidenses apoyen un camino a la ciudadanía y vemos que los republicanos no escuchan este mensaje y más bien intentan ganar puntos políticos para ganar las elecciones”.
Activistas lamentan que los republicanos no aprecian cómo la medida, según los activistas, beneficia al país porque todas estas personas han vivido en Estados Unidos por más de 15 años.
Abel Nuñez, Director de CARECEN “Especialmente en un año electoral están haciendo estas demandas para mantener el tema migratorio en punta de lanza”.
Los fiscales generales republicanos de Dakota del Norte, Tennessee, Kansas, Alabama, Idaho, Indiana, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Virginia, forman parte de este esfuerzo del partido para bloquear las leyes de la administración Biden.