El inicial bloqueo temporal ponía en tela de juicio un componente clave de la ley, que entró en vigor en julio pasado y fue defendida por el gobernador Ron DeSantis.
El juez federal que bloqueó temporalmente esta semana una parte de ley de Florida que penaliza el transporte al estado de personas sin estatus migratorio legal sorprendió al emitir poco después otra decisión que la parece contradecir y da a entender que estaba revaluando su propia decisión.
El juez Roy K. Altman señala en su segunda orden que se requería “aclarar” el alcance de su decisión, tras haber asegurado inicialmente que el bloqueo de la controvertida Ley SB1718 debía aplicarse en todo el estado, reportan The Miami Herald y The Hill.
Su nueva resolución da a entender que dicho alcance podría ser demasiado amplio. “En una mayor reflexión, y dada la ‘conversación nacional que tiene lugar tanto en la academia como en el poder judicial sobre la conveniencia de que los tribunales utilicen mandamientos judiciales universales como cuestión de reparación preliminar’, ahora invitamos a las partes a ofrecer más información sobre el alcance adecuado del mandato judicial”, señala el juez, citado por Sun Sentinel.
Para ello, propuso a los abogados de ambas partes presentar argumentos antes del próximo 6 de junio sobre si el acuerdo debería aplicarse solo a los demandantes, ser una orden judicial de distrito o bien de aplicación a todo el estado de Florida.
Eso parece contradictorio con su orden inicial, en la que el juez había rechazado la petición de las autoridades de Florida de limitar el alcance de su decisión únicamente a los litigantes en el caso.
La demanda fue presentada por la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, una organización de derechos de los inmigrantes, contra la procuradora general estatal, Ashley Moody, y otros funcionarios estatales.
Qué Dice La Ley SB1718 De Florida
La SB1718, promulgada el 10 de mayo de 2023 por el gobernador Ron DeSantis, convirtió a Florida en el estado con la legislación más antiinmigrante de Estados Unidos.
La norma penaliza con hasta 30 años de cárcel el transporte al estado de cualquier persona que carezca de estatus migratorio legal, prohíbe licencias de conducir emitidas por otros estados y exige a los hospitales que reciben Medicaid (seguro médico del gobierno) preguntar y reportar el estado migratorio de sus pacientes.
En concreto la disposición sobre el transporte de indocumentados ha puesto a miles de floridanos y residentes de otros estados —tanto ciudadanos como no ciudadanos— en riesgo de ser procesados por un delito grave por incluso por actos simples como llevar a un miembro de la familia a una cita médica o irse de vacaciones en familia.
La organización afirmó que sus miembros se verían separados de sus familias, no podrían acudir a citas médicas para salvar sus vidas y se les impediría conducir hasta las agencias de inmigración que supervisan sus casos. Se arriesgaban a ir a la cárcel si lo hacían.
