Los legisladores de Nueva Jersey parecen estar avanzando con un proyecto de ley profundamente impopular que revisaría la Ley de Registros Públicos Abiertos (OPRA) del estado, haciendo más difícil para el público y la prensa el acceso a los registros gubernamentales.
El último intento de disminuir la OPRA cuenta con la oposición del 81 por ciento del público , según una encuesta reciente de la Universidad Fairleigh Dickinson, y se ha retrasado varias veces en medio de duras críticas de grupos de transparencia.
Podría ser votado por el pleno del Senado y la Asamblea del estado de Nueva Jersey tan pronto como el lunes.
CJ Griffin, un abogado de medios y de interés público que se especializa en registros públicos y un feroz opositor del proyecto de ley, se unió a WNYC para discutir la medida. La entrevista ha sido ligeramente editada para mayor claridad.
Sean Carlson: ¿Puede explicar brevemente qué es OPRA y qué cambiaría si se aprueba este proyecto de ley?
CJ Griffin: Claro. OPRA es el estatuto que brinda al público la posibilidad de acceder a registros públicos, que son registros que las agencias públicas, los gobiernos locales, las escuelas, las agencias estatales crean todos los días mientras realizan su trabajo y pertenecen al público.
En este momento hay un ataque frontal total contra la OPRA. Todos estos pueblos y agencias locales se han quejado de tener que cumplir con la ley o de ser demandados por no cumplirla. Y por eso han convencido a la Legislatura de destripar el estatuto.
Por eso, los patrocinadores del proyecto de ley dicen que el proyecto de ley es necesario para hacer cosas como proteger contra las invasiones de la privacidad o detener los abusos por parte de empresas comerciales y solicitudes innecesarias de los residentes que consumen el tiempo de los empleados.
¿Por qué no estás de acuerdo con eso?
Bueno, creo que han estado argumentando que se trata de atender solicitudes comerciales, pero sus recientes enmiendas demuestran que eso simplemente no es cierto.
La versión original prohibía a los intermediarios de datos, y ahora eso se elimina del proyecto de ley. La versión más reciente del proyecto de ley también da prioridad a los solicitantes comerciales. Pueden pagar una pequeña tarifa a la agencia y obtener una respuesta garantizada en un plazo de siete días.
Pero si usted y los medios de comunicación o nuestro público en general presentan una solicitud de OPRA, es casi imposible obtener una respuesta en siete días.
Obtienes una respuesta mucho tiempo después, ya sabes, 14 días, 21 días, dos meses, tres meses. De hecho, he visto personas que tienen solicitudes durante años.
Entonces esto en realidad brinda un beneficio a los solicitantes comerciales. Así que hace meses se presentó una versión de este proyecto de ley, que inmediatamente generó abrumadoras objeciones por parte de periodistas y defensores del buen gobierno, pero desde entonces se han sumado aún más legisladores como copatrocinadores.
