Los acusa de estar implicados en un golpe de Estado contra él
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada totalmente por el presidente, Daniel Ortega, aprobó un informe en el que acusa a los obispos y sacerdotes del país de participar en un intento de golpe de Estado y de expresarse con “odio y saña” contra los simpatizantes del Gobierno.
En el texto legislativo se recomienda juzgar a los religiosos que hayan apoyado las manifestaciones de 2018 —cuando hubo un estallido social que exigía el fin del mandato del exguerrillero sandinista—, y confiscar los bienes de la Iglesia. “Deberían ser juzgados y sus comunidades o asociaciones investigadas a fondo, ya que se escudaron tras lo religioso” para apoyar las protestas, se recomienda en el documento.
Persecución contra toda oposición
Ortega ha desatado una brutal cacería contra las voces críticas. Este jueves fue sentenciado por delitos relacionados con “traición a la patria” el exdiplomático y exsacerdote dicocesano Edgar Parrales, que en su juventud defendió la Teología de la Liberación y apoyó la revolución sandinista. Una jueza de Managua lo declaró culpable el 27 de abril en un juicio considerado espurio por organizaciones de derechos humanos. En el juicio, a cargo de la jueza Nadia Tardencilla, el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) durante el Gobierno revolucionario de los ochenta afirmó ser inocente. “Me avala una historia de vida y de compromiso en la defensa de Nicaragua”, afirmó Parrales, quien, a sus 79 años, es el preso político de mayor edad.
La Iglesia de Nicaragua se ha mostrado unida frente al régimen de Ortega, al que critica por violaciones a los derechos humanos. Durante las manifestaciones de 2018, los sacerdotes usaron los templos para proteger a los manifestantes frente a la brutal represión del régimen, que dejó más de 350 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este país centroamericano, los púlpitos se han convertido en una trinchera desde la que los sacerdotes denuncian los abusos de poder y en sus mensajes llaman a la población a mantenerse firme frente a la opresión gubernamental.
El Congreso quiere juzgar a los sacerdotes
En el informe aprobado, los diputados se comprometen a revisar el Código Penal para incluir en las penas a los religiosos que consideran que participaron promoviendo las manifestaciones o que con sus sermones “infunden odio” entre la población. El documento se basa, según los legisladores, en los testimonios de quienes consideran víctimas de aquellas protestas, principalmente simpatizantes del Gobierno. No incluye a los familiares de los asesinados por el régimen, principalmente las madres que desde 2018 se han organizado para exigir justicia, dado que la mayoría de los muertos son jóvenes estudiantes. “Las víctimas pidieron que las penas sean más severas y piden justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista”, establece el informe.
