La administración entrante de Trump se ha comprometido a llevar a cabo una ambiciosa agenda de inmigración, incluyendo la promesa de campaña de deportaciones masivas.
El posible plan de juego de la nueva Casa Blanca incluye usar la Guardia Nacional para arrestar a migrantes e instalar barreras flotantes en las aguas entre Estados Unidos y México
Como parte de esa agenda, el próximo zar fronterizo, Tom Homan, ha prometido revisar el papel de las organizaciones no gubernamentales y si ayudaron a abrir “las puertas a esta crisis humanitaria”.
El empresario Vivek Ramaswamy, quien junto con Elon Musk fue elegido por Trump para encontrar formas de reducir el gasto federal, ha señalado que los grupos están en su punto de mira y los ha llamado “un desperdicio de los dólares de los contribuyentes”.
“Los estadounidenses merecen transparencia sobre la ayuda extranjera opaca y los grupos sin fines de lucro que están agravando nuestra propia crisis fronteriza”
Los acontecimientos han alarmado a los defensores de la inmigración y a algunos funcionarios en las comunidades fronterizas, incluidos republicanos, quienes dicen que esas comunidades pueden colapsar sin espacio de refugio o un presupuesto para pagar los costos humanitarios.
Los grupos de ayuda niegan estar fomentando la inmigración ilegal. Dicen que están respondiendo a emergencias impuestas en las ciudades fronterizas y realizando trabajo humanitario.
Durante el último año, Texas ha iniciado investigaciones sobre seis organizaciones que proporcionan refugio, comida y consejos de viaje a migrantes.
Los tribunales hasta ahora han rechazado en gran medida los esfuerzos del estado, incluyendo el rechazo de una demanda para cerrar la Casa de la Anunciación en El Paso, pero varios casos siguen en apelación.
El Proyecto de Derechos Civiles de Texas, que representa a dos organizaciones investigadas por el estado, dice que, desde la reelección de Trump, ha capacitado a más de 100 organizaciones de ayuda a migrantes sobre cómo responder si los investigadores llaman a su puerta.
Las investigaciones en Texas comenzaron después de que el gobernador republicano Greg Abbott alegó en 2022, sin pruebas, que las organizaciones sin fines de lucro fronterizas estaban alentando los cruces ilegales y transportando migrantes.
