La procuradora general de Nueva York, Letitia James, y una coalición de otros 14 procuradores generales emitieron el miércoles nuevas directrices para las escuelas primarias y secundarias y las instituciones de educación superior en un intento de contrarrestar los esfuerzos del gobierno federal para eliminar las políticas educativas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión.
La orientación siguió a las amenazas del Departamento de Educación de los EE. UU. en una carta del 14 de febrero «Estimado colega» de retener la financiación federal a las escuelas que participan en una amplia gama de prácticas relacionadas con la diversidad, la equidad y la inclusión, o DEI.
James lideró la coalición, que también incluyó al procurador general de Illinois, Kwame Raoul, y al procurador general de Nueva Jersey, Matt Platkin.
«La administración no puede prohibir los esfuerzos de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad con una carta de ‘Estimado colega'», dijo James en un comunicado. «Las escuelas y las instituciones educativas pueden estar seguras de que están dentro de sus derechos legales para continuar construyendo entornos de aprendizaje inclusivos para sus estudiantes».
La administración del presidente Donald Trump ha atacado repetidamente las prácticas de DEI dentro y fuera de las escuelas, y Trump culpó a dichos programas, sin ninguna prueba, de un accidente aéreo fatal a principios de este año. La carta Dear Colleague del Departamento de Educación federal, que cita una decisión de la Corte Suprema de los EE. UU. de 2023 que prohibió las políticas de admisión con conciencia racial en la educación superior, dio a las escuelas hasta fin de mes para poner fin a todas las prácticas relacionadas con DEI o arriesgarse a perder fondos federales.
La carta creó ondas de choque en los distritos escolares de todo el país. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, una audiencia del Ayuntamiento previamente programada sobre la segregación en las escuelas públicas se pospuso indefinidamente debido a ello.
La semana pasada, el Departamento de Educación federal publicó una sección de preguntas frecuentes en respuesta a las preguntas planteadas en la carta Dear Colleague. Aunque adoptó un tono más suave, las preguntas frecuentes advirtieron a los distritos escolares que una amplia gama de prácticas comunes relacionadas con la diversidad, la equidad y la inclusión podrían ser ilegales, y agregó que los casos se decidirían en función de los hechos sobre el terreno. Los funcionarios federales también pueden investigar a las escuelas por «intención discriminatoria», según las preguntas frecuentes.
La carta Dear Colleague ya ha enfrentado múltiples demandas por parte de educadores y grupos de derechos civiles, quienes han argumentado que la carta es demasiado amplia y no justifica su interpretación de la ley.
James y los otros fiscales generales aseguraron a las escuelas que los esfuerzos para buscar y apoyar experiencias educativas diversas, equitativas, inclusivas y accesibles “no pueden volverse ilegales por una orden ejecutiva o una carta del DOE, ninguna de las cuales puede crear o cambiar la ley”.
La guía de los estados sostuvo que el gobierno federal había malinterpretado el precedente de la Corte Suprema e insinuado erróneamente que las prácticas que promueven la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad pueden ser ilegales. Enfatizó que la guía federal no cambiaba la ley existente, y agregó que los fiscales generales buscaron mitigar el miedo provocado por la carta de Estimado colega.
La guía de los fiscales generales instó a las escuelas primarias y secundarias a continuar con los esfuerzos para garantizar que todos los estudiantes estén preparados para la universidad y las carreras profesionales después de la escuela secundaria, incluidos los estudiantes de orígenes históricamente subrepresentados.
“En algunas circunstancias, esto puede significar tomar medidas específicas para que los estudiantes de comunidades desatendidas, incluidas las comunidades de color, conozcan, tengan acceso y participen en estos cursos y programas”, afirmó la guía. “Las escuelas deben tener confianza en que estos programas y prácticas vitales siguen siendo legales”.
Las instituciones de educación superior también pueden seguir utilizando prácticas de admisión holísticas que consideren factores como “competencias culturales, nivel de ingresos, primera generación en asistir a la universidad, circunstancias del vecindario o la comunidad, desventajas superadas y el impacto de las experiencias particulares de un solicitante en su logro académico y en las perspectivas que aportaría al entorno escolar”, según la guía.
Los fiscales generales señalaron que las escuelas tienen la responsabilidad, según la ley, de desarrollar e implementar planes para proteger a los estudiantes vulnerables al acoso o intimidación por motivos de raza, identidad de género, orientación sexual y otros factores.
En su guía, James y los otros fiscales generales dijeron que los temores por la carta de Estimado colega o la pérdida de fondos federales “no eran una justificación para imponer o reimponer prácticas discriminatorias”.
“Los fiscales generales recuerdan a todas las instituciones educativas que deben cumplir con las leyes de derechos civiles de la nación, independientemente de los cambios que puedan hacer en su programación y políticas”, afirma la guía. “Los Procuradores Generales están preparados para hacer cumplir las sólidas protecciones de los derechos civiles de sus estados —que en muchos casos superan las protecciones de los derechos civiles federales— dondequiera que se encuentre discriminación”.
