Una decisión judicial en Boston, Massachusetts, ha devuelto la esperanza a miles de migrantes, incluidos venezolanos.
La jueza de distrito Indira Talwani ordenó este 28 de mayo la reanudación del procesamiento del programa de parole humanitario, que ha permitido la entrada legal de más de 434.000 personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití a Estados Unidos.
El fallo de Talwani, designada por el expresidente demócrata Barack Obama, impide temporalmente que la administración de Donald Trump suspenda varios programas de libertad condicional implementados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante el gobierno de Joe Biden.
Esta decisión se produce en el marco de una demanda colectiva que cuestiona la legalidad de la medida impulsada por la nueva administración.
Un freno a la suspensión de Trump
La polémica surgió cuando el presidente Trump firmó, el 20 de enero de 2025, una orden ejecutiva instruyendo al DHS a eliminar los programas de parole categórico implementados bajo la administración Biden.
Ese mismo día, el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, ordenó la suspensión inmediata de las solicitudes de migrantes acogidos al programa, alegando que el uso del parole debía ser “caso por caso” y no en función de criterios generales.
Sin embargo, la orden de la jueza Talwani es clara: el Gobierno federal no puede pausar ni retrasar el procesamiento de estas solicitudes.
Además, los beneficiarios están protegidos de sufrir daños irreparables que podrían derivarse de la pausa o cancelación de este parole.
La magistrada rechazó el argumento de la actual administración de que la finalización de los programas se encontraba dentro del amplio margen de discreción de las agencias para dirigir la política migratoria. Talwani enfatizó que la ley federal exige un proceso riguroso para otorgar o denegar la libertad condicional y otras ayudas migratorias.
Protecciones para miles de venezolanos
Esta no es la primera vez que la jueza Talwani interviene en defensa de los migrantes. En abril, impidió que se revocara el estatus legal temporal de cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en Estados Unidos.
Si bien la administración ha solicitado a la Corte Suprema que suspenda esa decisión a la espera de una apelación, el dictamen actual refuerza la protección para quienes buscan refugio y oportunidades en el país norteamericano.
La decisión de este miércoles se enmarca en una demanda que impugna la suspensión del procesamiento de solicitudes de migrantes ucranianos, afganos, cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que ya han obtenido dicho estatus, reiterando la protección para los miles de venezolanos que han llegado a EE. UU. a través de esta vía legal.
