La Fundación El Amparo denunciará ante la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a miembros de su equipo por la deportación de más de 200 venezolanos de Estados Unidos al país centroamericano, quienes han sido acusados de estar vinculados a la organización criminal el Tren de Aragua.
En conferencia de prensa virtual, Walter Márquez, presidente de la ONG, afirmó: “Nos dirigiremos a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, para responsabilizar personalmente a Bukele y a su cadena de mando por estas detenciones arbitrarias”.
Márquez indicó que también solicitarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares que protejan a los migrantes venezolanos deportados en marzo, por considerar que han sufrido maltratos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, reseñó Efe.
Afirmó que la semana pasada él y un grupo de familiares viajaron a El Salvador con la intención de visitar a los venezolanos detenidos, pero no pudieron hacerlo.
“Durante ese viaje pudimos constatar que los migrantes venezolanos deportados están completamente aislados y sin comunicación. No tienen juicio alguno en El Salvador, donde no han cometido ningún delito y no hay claridad sobre su futuro legal”, dijo.
ONU alerta sobre posible desaparición forzada de venezolanos deportados
El abogado aseguró que ninguno de los deportados pertenece a la banda criminal el Tren de Aragua, que surgió en una cárcel venezolana. Y que en todo caso se debió haber demostrado ante las instancias judiciales estadounidenses. Considera crucial que las autoridades inicien una investigación “de oficio”.
“Hemos agotado todas las vías internas; se han presentado varios habeas corpus individualizados para algunos de ellos y hasta ahora, a pesar de ser un procedimiento que debería ser rápido, no hemos recibido respuesta”, agregó.
En mayo, la ONU advirtió sobre la posible situación de desaparición forzada que enfrentan estos venezolanos en El Salvador, dada la “completa incertidumbre” respecto a su paradero y condición tras ser deportados de Estados Unidos.
La portavoz del organismo internacional, Liz Throssell, señaló que ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han proporcionado “listados oficiales de los detenidos”, lo que mantiene nebulosa su situación legal en El Salvador.
