La Corte Suprema autorizó este viernes al Gobierno de Donald Trump a tomar medidas para implementar su polémica propuesta de eliminar la ciudadanía automática por nacimiento.
El máximo tribunal se pronunció sobre la mociones de emergencia presentadas por el Gobierno sobre el caso contra su orden ejecutiva para acabar con ese derecho, pero no entró a valorar el fondo del asunto sino que se centró en la petición del Ejecutivo de restringir el alcance de los mandatos judiciales cautelares (como los que han bloqueado esa orden ejecutiva).
Por mayoría conservadora
El tribunal, con una mayoría de seis conservadores frente a tres progresistas, respaldó la petición del Gobierno, pero sólo si las órdenes judiciales son más amplias de lo necesario para ofrecer alivio a todos los demandantes con derecho».
Esto significa que la orden sobre ciudadanía por nacimiento puede entrar en vigor tanto en los estados que la impugnaron como en los que no. La corte indicó además al Gobierno que puede continuar trabajando en la implementación de la misma.
Como resultado del dictamen, la propuesta ahora puede avanzar a nivel nacional, pues, aunque otros posibles afectados podrían presentar sus propias demandas y los demandantes actuales aún pueden solicitar el restablecimiento de medidas cautelares de alcance menos amplio.
“Cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades”, escribió la jueza conservadora Amy Coney Barrett, en representación de la mayoría. Sin embargo, indicó que las medidas cautelares a nivel nacional están limitadas “solo en la medida en que sean más amplias de lo necesario”. Los tribunales inferiores, añadió, “deberán actuar con celeridad” para determinar la amplitud de las medidas cautelares.
En su opinión discrepante, la jueza progresista Ketanji Brown Jackson escribió que la decisión constituía “una amenaza existencial para el Estado de derecho”.
Su colega progresista Sonia Sotomayor leyó un resumen de su opinión desde el estrado en la sala del tribunal. “Ningún derecho está a salvo en el nuevo régimen legal que crea la corte”, escribió.
El presidente, Donald Trump, reaccionó con júbilo en una publicación en su red social Truth Social: “¡Gran Victoria en la Corte Suprema de Estados Unidos! El fraude de la ciudadanía por nacimiento ha sido, indirectamente, duramente afectado.
El mandatario insistió en que esta política “tuvo que ver con los bebés de esclavos y no con la estafa de nuestro proceso de inmigración” y felicitó a la fiscal general, Pam Bondi, y al Procurador General, John Sauer, y a todo el Departamento de Justicia.
Por su parte, Bondi se mostró satisfecha por la decisión en una publicación en X: “El Departamento de Justicia continuará defendiendo las políticas del presidente y su autoridad para implementarlas”.
Trump alega que ha sido malinterpretada
La Enmienda 14 de la Constitución consagra que cualquier persona nacida en Estados Unidos se convierte automáticamente en ciudadana, lo que aplica también a los hijos de los migrantes indocumentados o de aquellos que estén en el país con una visa de turistas o de estudiante, por ejemplo.
El texto de la Enmienda 14 reza: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los EE.UU. y del Estado en el que residen”.
Tras regresar a la Casa Blanca para su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva el 20 de enero con la que buscaba acabar con este derecho a partir del 19 de febrero.
Consideraba que el texto de la enmienda, en particular lo que significa ser una persona “sujeta a su jurisdicción”, ha sido malinterpretado por las cortes desde que fue ratificada en 1868.
Negar la ciudadanía por nacimiento
La intención de la orden era negar la ciudadanía a las personas nacidas en el país «cuando la madre está ilegalmente en Estados Unidos y el padre no es ciudadano de Estados Unidos ni residente permanente legal en el momento del nacimiento”, o si la madre está en Estados Unidos en el momento del nacimiento de forma legal pero temporal, como con una visa de estudiante, trabajo o turista, y el padre no es ciudadano ni residente permanente legal.
Con esto, el mandatario republicano quiere adoptar un significado completamente nuevo del lenguaje que otorgaría la ciudadanía solo a quienes tengan al menos un progenitor ciudadano estadounidense o residente permanente.
La orden ejecutiva de Trump, emitida en su primer día en el cargo en enero, fue impugnada de inmediato, y todos los tribunales que se han pronunciado sobre la propuesta hasta la fecha la han bloqueado.
La Corte Suprema se vio envuelto en casos presentados en los estados de Maryland, Massachusetts y Washington.
En documentos judiciales, la exprocuradora general interina Sarah Harris afirmó que los jueces no tenían la autoridad para emitir órdenes judiciales a nivel nacional y que los estados que presentaron la demanda carecían de legitimación activa.
Trump con el respaldo de 21 estados.
La Corte Suprema ya ratificó en 1898 —cuatro décadas después de que la Enmienda fuera ratificada— que a los hijos de inmigrantes sí se les debiera considerar ciudadanos si nacieron dentro del territorio estadounidense.
La principal demanda contra la orden fue interpuesta por cinco embarazadas con los grupos de defensa de inmigrantes CASA y Asylum Seeker Advocacy Project. Pero hay otra demanda interpuesta por 22 estados gobernados por los demócratas.
En total, tres jueces de distrito ordenaron bloquear la orden de forma cautelar hasta tener una sentencia definitiva.
El Gobierno recurrió con solicitudes de emergencia a la Corte Suprema, pero no lo hizo centrándose en su orden ejecutiva sino tratando de limitar el poder de los jueces para emitir dictámenes cautelares con alcance nacional, asegurando que se extralimitan.
La Corte Suprema escuchó los argumentos de ambas partes el 15 de mayo. Durante más de dos horas, febatieron a veces de forma acalorada diversas maneras de limitar el número de bloqueos judiciales que se emiten a nivel nacional; en el tema específico de la ciudadanía por nacimiento, la mayoría pareció sin embargo considerar que tal enfoque podría haber estado justificado, especialmente en casos presentados por los estados.
Fallos en contra
El Gobierno federal se ha quejado enérgicamente de que los jueces han emitido órdenes judiciales a nivel nacional en respuesta al uso audaz y agresivo del poder ejecutivo por parte de Trump para implementar su polémica agenda, que ha incluido el aumento de las deportaciones, la reducción del tamaño de las agencias federales, la persecución de bufetes de abogados y universidades, y el despido de miles de empleados federales.
Funcionarios del Departamento de Justicia afirman que ha habido docenas de fallos similares y los han descrito como un ataque inconstitucional a la autoridad del presidente.
Gobiernos anteriores, tanto republicanos como demócratas, también han visto sus agendas amenazadas por mandatos judiciales a nivel nacional, aunque se han vuelto más comunes en los últimos años.
