En su última sesión del periodo 2024-2025, el Concejo Municipal de Nueva York aprobó un amplio conjunto de leyes que transforman la regulación de los vendedores ambulantes, fortalecen políticas de vivienda asequible y amplían protecciones para trabajadores en sectores clave. La jornada legislativa fue descrita por varios miembros como un avance significativo para los neoyorquinos de clase trabajadora.
El concejal Harvey Epstein destacó el alcance de las medidas, señalando que representan pasos concretos para enfrentar la crisis de asequibilidad y ofrecer más estabilidad a quienes luchan por permanecer en la ciudad.
Aun así, el futuro de estas iniciativas no está completamente asegurado. El alcalde saliente Eric Adams podría vetar algunas de las leyes antes de dejar el cargo, lo que dejaría en manos del próximo Concejo la posibilidad de revertir cualquier veto.
Reformas para vendedores ambulantes: un cambio largamente esperado
La ciudad cuenta con cerca de 23,000 vendedores ambulantes, la mayoría sin permisos y enfrentando un sistema regulatorio complejo. Tras años de presión comunitaria, el Concejo aprobó un paquete legislativo destinado a ampliar el acceso a permisos y mejorar la coordinación entre agencias.
El llamado Street Vendor Reform Package, compuesto por varias iniciativas, añadirá más de 20,000 permisos en los próximos cinco años, creará una División de Asistencia a Vendedores Ambulantes dentro del Departamento de Servicios para Pequeños Negocios y permitirá que el Departamento de Salud emita más licencias de supervisión. La meta es ofrecer capacitación, orientación y apoyo a quienes trabajan diariamente en las calles.
La concejal Pierina Ana Sanchez, autora de varias de las medidas, subrayó la importancia histórica del paquete, recordando que actualmente existen poco más de 7,000 permisos disponibles y que los vendedores han denunciado prácticas de fiscalización problemáticas por parte del Departamento de Sanidad.
Antes de la votación, vendedores y defensores realizaron una concentración frente al City Hall para exigir la aprobación de las leyes. Entre ellos estaba Lupe, vendedora de segunda generación, quien celebró el avance pero expresó preocupación ante un posible veto del alcalde saliente.
Este año ya se había logrado un avance significativo con la aprobación de la Ley Local 122, que despenalizó las infracciones relacionadas con la venta ambulante, reemplazando sanciones penales por multas civiles.
Aun así, la lucha continúa. Los defensores buscan que se apruebe una propuesta adicional para crear una Oficina de Cumplimiento para Vendedores Ambulantes, que deberá ser reintroducida el próximo año.
Nuevas herramientas para preservar vivienda asequible
En materia de vivienda, el Concejo aprobó la Ley COPA (Community Opportunity to Purchase Act), que otorga a organizaciones sin fines de lucro y a fideicomisos comunitarios la primera oportunidad de comprar propiedades residenciales en dificultades cuando salen al mercado. La concejal Sandy Nurse, promotora de la medida, la describió como un hito en la política de vivienda social.
La propuesta generó debate. Algunos miembros argumentaron que la ley podría afectar los derechos de pequeños propietarios y cuestionaron su legalidad. Nurse respondió que la oposición se basa en interpretaciones erróneas y recordó que la medida se limita a edificios con más de cinco unidades incluidos en un programa de vigilancia de propiedades en mal estado.
La concejal explicó que la intención es ofrecer una posibilidad —aunque pequeña— de que organizaciones locales adquieran y rehabiliten edificios que de otro modo podrían terminar en manos de inversionistas externos.
El Concejo también aprobó otras medidas relacionadas con vivienda asequible. Una de ellas exige que la mitad de las unidades de alquiler financiadas por la ciudad sean destinadas a hogares de muy bajos ingresos, y que al menos un 30 por ciento se reserve para hogares de ingresos extremadamente bajos. Otra iniciativa establece que una proporción significativa de las nuevas viviendas asequibles financiadas por la ciudad debe incluir unidades de dos y tres dormitorios, con el fin de atender la escasez de apartamentos familiares.
El concejal Eric Dinowitz, autor de esta última medida, señaló que la falta de viviendas de mayor tamaño está expulsando a familias de la ciudad y contribuyendo al aumento de la población en refugios.
Nuevas protecciones laborales para trabajadores de la construcción
El Concejo también aprobó el Construction Justice Act, que establece estándares salariales y de contratación para proyectos de vivienda financiados por la ciudad. La ley exige que los desarrolladores paguen al menos 40 dólares por hora en salarios y beneficios, con un mínimo de 25 dólares en salario directo, y que hagan esfuerzos para que el 30 por ciento de la fuerza laboral provenga de residentes de la ciudad.
La concejal Carmen De La Rosa, impulsora de la medida, destacó que muchos trabajadores de la construcción —incluyendo inmigrantes, personas anteriormente encarceladas y jornaleros— enfrentan condiciones precarias y salarios insuficientes. La nueva ley busca garantizar que quienes construyen la ciudad puedan también vivir en ella.
Mayor acceso a evidencia en investigaciones de mala conducta policial
Finalmente, el Concejo aprobó una ley que obliga al NYPD a entregar grabaciones de cámaras corporales a la Junta de Revisión de Quejas Civiles para facilitar investigaciones de presunta mala conducta policial. La medida, presentada por la presidenta saliente del Concejo, Adrienne Adams, busca fortalecer la capacidad del organismo para evaluar denuncias contra agentes.
