(parte II)
Johan López
Sobre el alacranato
Hay que destacar que las otras oposiciones que se presentaron al proceso electoral del 28 julio quedaron expuestas y muy mal paradas. Sumando los porcentajes que les otorgó el CNE (y dando como válidos esos números —que no lo son—), entre todas esas opciones no llegan al 3%. Es decir, esas otras opciones opositoras no tuvieron ningún peso electoral. Hubo candidatos, como Claudio Fermín, que apenas sobrepasaron los 12 mil votos.
Mientras que Daniel Ceballos sacó poco más de 10 mil votos. Ahora bien, un candidato que logró hacer “algo de ruido” como Antonio Ecarri apenas si sacó poco más de 51 mil votos.
Como se aprecia, estos candidatos fueron a la contienda electoral “a morir en el matadero”. Sabían que “no medían nada” en las encuestas. Nadie les puede negar el derecho a ser candidatos, eso sí. No obstante, no dejo de pensar en un político de larga trayectoria como Claudio Fermín que termina por dilapidar su ya cuestionada carrera política ante la exigua votación obtenida el 28 J. Algo decadente.
Tampoco dejo de pensar en Antonio Ecarri y su verbo florido, blandiendo legítimamente las banderas de la educación en su proclama electoral. Ecarri no salió ileso de este proceso; su carrera política se ve seriamente comprometida. Mención aparte para Enrique Márquez. Este la tuvo clara desde el principio: sabía cuál sería su función y que no ganaría la elección; es por ello que no le “vendió humo” al elector. Su papel es, como en efecto está sucediendo, poselectoral. Exceptuando a Márquez, esos sectores opositores ni siquiera pudieron ser funcionales en “alguito” al chavismo.
Entre todos, exceptuando a Márquez (insisto), no llegaron a 270 mil votos. La tesis de los “alacranes” toma de fuerza vista esta (algo) bochornosa participación electoral.
¿En serio Ceballos, Brito, Fermín, Ecarri, Bertucci, Rausseo y Martínez pensaron que podían ganar una elección presidencial? No creo. Me parece que algo los motivó. Aquello que los motivó terminó por sepultarlos en términos político-electorales. Ahora se entiende mejor porqué el Gobierno quería antagonizar con estos tigres de papel. De allí que a estos tigritos de foami nunca se les prohibió nada, siempre tuvieron el camino despejado y limpio para jugar a la oposición.
Fijémonos que, por ejemplo, esta oposición a la carta, no tenía ninguna posibilidad logística para cubrir de testigos las 30.026 mesas electorales y aun así concurrieron a la contienda electoral. De hecho, sólo Martínez, Ecarri y Rausseo superaron los 30 mil votos (86 mil, 51 mil y 36 mil votos respectivamente).
Es decir, que si colocaban los testigos en todas las mesas electorales, el resguardo de los votos, sus votos, se hubiese visto comprometido, dado que se necesitaba, cuando menos, 3 testigos (uno titular y dos suplentes por mesa) para completar más de 90 mil testigos en todas las mesas electorales. Ellos, al parecer, tenían otra intención.
Estas oposiciones no pudieron dividir el voto opositor, por lo que no lograron fracturar a la oposición realmente antagónica representada por María Corina Machado y Edmundo González. De esta manera, la aparición y puesta en escena electoral de una serie de candidatos que en modo alguno representaban algún riesgo para el Gobierno y, principalmente, vistos los resultados, hace que la tesis de los alacranes tome fuerza.
TSJ, ese usurpador de funciones
La estrategia de los alacranes debe leerse en el marco de un conjunto de estrategias/triquiñuelas que el Gobierno fue colocando en el camino a la elección del 28 de julio. Ante el contundente rechazo de las mayorías que se expresó, por una parte, en favor de la opción MCM/EGU/MUD y, por otra, en rechazo al chavismo gubernamental; el Gobierno ha acudido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se pronuncie en relación a la elección del 28 de julio. De más está decir que la Sala Electoral del TSJ no tiene competencia en esta materia, pues no hay resultados sobre los cuáles pronunciarse para dirimir el conflicto. El Consejo Nacional Electoral debió publicar las actas —mesa a mesa y circunscripción por circunscripción— tal y como queda taxativamente establecido en el artículo 146 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales 48 horas después de la publicación del primer boletín. ¿Por qué no lo hizo?
Por su parte, el TSJ se pronunció el jueves 22 de agosto en favor del candidato Nicolás Maduro y ratifica ha “certificado indiscutiblemente los materiales electorales y valida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral”.
Cabe destacar que la presidenta del TSJ (que también preside la Sala Electoral de máximo tribunal del país) fue recusada por el ex candidato presidencial Enrique Márquez, quien adujo en su recusación lo siguiente: «La señora presidenta de la Sala Electoral no ha ocultado ni en el pasado ni en el presente lo que son sus vinculaciones políticas y muy mal puede un juez, muy mal puede una jueza, impartir justicia si no es imparcial».
El TSJ no trató el tema de la recusación, ni siquiera acusó recibo de la comunicación de Márquez; aunque sí se expidió sobre este asunto el 25 de agosto señalando que se trataba de un recurso extemporáneo.
Lo hizo dos días después de haber convalidado los boletines orales del CNE que dan como ganador de la contienda electoral a Nicolás Maduro.
Entre tanto, la Fiscalía General de la República ha citado a Edmundo González por sus vínculos con la página https://resultadosconvzla.com/ que contiene actas electorales que indican que González obtuvo un número de votos significativamente mayor a los recibidos por el presidente Nicolás Maduro en los comicios del pasado 28 de julio. Las actas que posee la oposición y están cargadas en la precitada página son un documento público obtenido por los testigos de mesa de todos los partidos políticos que se dieron cita en la contienda electoral presidencial. González Urrutia puede elegir no asistir a la convocatoria de la Fiscalía; argüir que no asiste a ese organismo del poder público nacional amparándose en el artículo 138: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
La Fiscalía General y el TSJ, si así lo querían, pudieron auditar esos documentos públicos (actas) y contrastarlos con la base de datos que tiene el propio CNE. De hecho, el ente comicial pudo —si en verdad deseaba dirimir la controversia que hay por los resultados que ofreció en sus dos únicos boletines— presentar las denominadas actas número 1 (la primera acta que emite la máquina de votación luego de culminado el proceso) y las papeletas de votación que validarían los boletines que presentó a la opinión pública el lunes 29 en la madrugada.
No obstante, hay que destacar que sobre ese material existen fundadas dudas, puesto que esas cajas y su contenido (actas originales y boletas de votación) perdieron la cadena de custodia, dado que fueron entregadas por el Plan República al TSJ. En esa instancia fueron “contaminadas” por los “técnicos” de máximo tribunal del país, por lo que sería inoficioso apelar a esos documentos, sobre todo si éstos no se corresponden, punto a punto, con las actas que poseen los testigos de las organizaciones políticas (opositoras y pro gubernamentales).
En suma, se abre otra fase en la lucha por la reinstitucionalización de Venezuela; no menos intensa, eso sí. Sin embargo, creo que María Corina Machado y Edmundo González están bien posicionados para una negociación.
Esta vez no se trata de una aventura para tomar el cielo por asalto. Hay que ser prudentes y ampliar la base de apoyo opositora.
Salir de un régimen autoritario no es una tarea fácil. Hay que moverse en varios terrenos; no todos esos terrenos están a la luz pública, como es previsible pensar en estos escenarios en los que hay un Gobierno atrincherado y dispuesto a defender, sea como sea, su permanencia en el poder.
