Punto Crítico MB: El Esequibo y un «breve encuentro» en Nueva York
Mario Augusto Beroes Ríos
¿Puede Estados Unidos cambiar de opinión y apoyar ahora a Venezuela y no a Guyana en su histórica reclamación sobre el territorio del Esequibo? ¿Es posible ese cambio radical, y de ser cierto, qué motiva a la administración que encabeza Donald J. Trump a hacerlo?
Pues este par de preguntas y otras referentes al vetusto tema geopolítico entre Venezuela y la antigua Guayana Británica se podrían plantear en el «breve encuentro» que sostendrán el martes 22 en horas de la mañana en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el presidente Trump y la mandataria interina venezolana, Delcy Rodríguez.
El Esequibo y un «breve encuentro» en NYC
¿Qué quiere el presidente Donald J. Trump demostrar con el «breve encuentro.» La respuesta diplomáticamente correcta podría ser demostrar un cambio hacia el pragmatismo y priorizar los intereses energéticos y comerciales entre Estados Unidos y Venezuela; encuentro que sería el primer contacto directo a nivel presidencial entre ambos países en más de 10 años.
Sin embargo, hay ciertos puntos que no han salido a relucir, y que el mismo mandatario estadounidense se ha reservado, más allá de demostrar que el petróleo y los acuerdos comerciales son vitales, y la clave para la estrategia económica de su gobierno.
Uno de estos puntos, confirmados por fuentes, tanto de Miraflores como de la cancillería venezolana, es la posibilidad de que el gobierno norteamericano modifique su política sobre la reclamación del territorio Esequibo que Venezuela mantiene desde hace más de un siglo con la República de Guyana, antes Guayana Británica.
A cambio, Delcy Rodríguez y el interinato que representa, le garantizarían al gobierno estadounidense la explotación exclusiva de los recursos forestales y minerales presentes en la zona, (que son muchos e importantes). El Rodrigato ansía seguir en el poder y mantenerlo por lo menos hasta el 2030, año en que se convocarían a elecciones.
La Zona en Reclamación del Territorio Esequibo.
Los asesores del ministerio de Relaciones Exteriores; inclusive el mismo canciler, Félix Placencia, han visto en el cambio de actitud del presidente Trump en el tema de las islas Malvinas, que ahora apoya a Argentina en la reclamación de este territorio insular al sur del Océano Atlántico ante la Gran Bretaña, la posibilidad de que el mandatario de los EEUU haga lo mismo con quien ha calificado de «persona estupenda, servicial, amable, estupenda», entre otros epítetos elogiosos, es decir la encargada Rodríguez..
Eso sí, dicho apoyo estadounidense no sería de gratis; vendría acompañado del compromiso por el cual Venezuela cedería la explotación de cualquier recurso vegetal y mineral, exclusivamente a empresas estadounidenses; probablemente afines al jefe de Estado de los EEUU. Si antres se lo ofrecieron a chinos, rusos e iraníes, porqué no ahora a los estadounidenses.
El Esequibo es tuyo, mío, nuestro
Son 159.542 kms. cuadrados; desde el oeste del Río Esequibo hasta el Monte Roraima que comparten ambas naciones con la República Federativa del Brasil.
El territorio es mayoritariamente selva tropical y cuenta con importantes reservas de minerales (oro, bauxita, diamantes) y vastos yacimientos de petróleo y gas natural, que de lograrse el «cambio de seña» del presidente Trump (que ya lo hizo con Las islas Malvinas), serían explotadas y controladas por los EEUU.
Históricamente el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es como se conoce oficialmente a este país europeo, ha sido una nación depredadora o usurpadora de territorios en el mundo, y la América Hispana no escapó a este tipo de pillaje: Venezuela, Guatemala, Argentina y Chile saben de estos despojos territoriales, y el gobierno inglés, que nunca aceptó devolver lo que no era suyo y al ver que el tema se complicaba, decidió otorgarle la libertad a la antigua colonia, como fue el caso de la Guayana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana, en 1966.
Las relaciones de Trump con los países europeos no son las mejores en estos momentos y pareciera que cada día se resquebrajan un poco más. El cambio de actitud en el apoyo a las Islas Malvinas, o Falkland, según los ingleses, no solo es un espaldarazo inesperado para el gobierno argentino de Milei, muy afín a Trump, sino que significa una posibilidad ¿real? de que Venezuela recupere un territorio robado por el imperio británico en el Siglo XIX.
La pregunta que queda, y que ninguna de las sesudas mentes en Miraflores, la Casa Amarilla y Carmelitas se han hecho, es si realmente ese apoyo abarcaría todo el territorio en reclamación, ya que Guyana perdería casi el 70% de su territorio.
Siempre se ha reclamado, menos con Chávez
Realmente Venezuela nunca ha dejado de reclamar el robo de ese espacio territorial en el oriente de nuestros límites. Durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), la propuesta venezolana para recuperar el Esequibo contemplaba la vía de la fuerza militar o una anexión con un estatus especial para la entonces Guayana Inglesa.
En el primer gobierno del presidente Rafael Caldera (1969-1973), es cuando Inglaterra le concede la independencia a su ex colonia. Entonces se acordó un congelamiento de la reclamación con la aplicación del Artículo IV del Acuerdo de Ginebra, por un plazo de 12 años.
La medida buscaba suspender la confrontación directa, luego del descalabro del alzamiento del Rupununi y otros intentos anexionistas.
En el segundo período presidencial de Carlos Andrés Pérez se intentó una transacción territorial, basándose en una atmósfera de aparente cordialidad en ese momento entre ambas naciones.
Bajo esta atmósfera de aparente cordialidad, se plantearon en la mesa de negociación al menos dos propuestas de delimitación de manera directa. La idea central de las cancillerías de Pérez apuntaba a una solución intermedia o de compromiso: Venezuela proponía que Guyana le restituyera una franja sustancial de territorio a cambio de que Caracas renunciara al resto de la reclamación total (los 159.500 km²).
Estas ofertas buscaban principalmente asegurar para Venezuela una salida libre y soberana al Océano Atlántico y el control total sobre la fachada del Delta del Orinoco, rico en petróleo y gas, pero Guyana las rechazó de plano.
Si Estados Unidos decide respaldar formalmente la postura o la gestión de Delcy Rodríguez en relación con esta disputa territorial, los escenarios principales que podrían presentarse incluyen:
1-Un viraje radical en el equilibrio de fuerzas (El fin del apoyo total a Guyana). Históricamente, Washington respaldó a Georgetown debido a las concesiones de corporaciones como ExxonMobil y su alineación política.
Si EE. UU. decide dar legitimidad o mediar a favor de las propuestas de Rodríguez, Guyana perdería su principal escudo diplomático y militar, forzándola a renegociar las fronteras marítimas y territoriales bajo condiciones menos favorables.
2-Consolidación de licencias energéticas y retorno de transnacionales, lo que sería un apoyo directo a la administración de Rodríguez, que vendría condicionado por la seguridad de las inversiones.
Esto abriría la puerta para que empresas estadounidenses y europeas operen formalmente bajo el paraguas legal venezolano, redefiniendo quién cobra las regalías y los impuestos por el crudo extraído en las aguas en disputa
3-Explotación conjunta de recursos: Internacionalistas sugieren que un acuerdo bilateral auspiciado por EE. UU. permitiría tanto a Venezuela como a Guyana explotar las riquezas energéticas del Esequibo de manera compartida, pero Venezuela se opone y de ahí que le cedería la explotación de dichos recursos a empresas de EEUU.
A finales de 2023 se vivieron momentos de alta tensión militar en la frontera. Un alineamiento o mediación estadounidense con el gobierno interino de Rodríguez reduciría a cero cualquier posibilidad de escalada bélica en Sudamérica, garantizando la estabilidad regional necesaria para la continuidad del suministro petrolero global.
Personas de protocolo, conocedoras de este tipo de encuentro, han señalado que la posibilidad de que Delcy Rodríguez y Donald Trump hablen no pase de unos 20 minutos, lo que hace parecer difícil que el tema sea tratado con la importancia que amerita, pero en el MRE ya han establecido contactos con el departamento de Estado, e inclusive, se habla de contactos ofrecidos por Alejandro Betancourt con empresas estadounidenses para que se concrete el apoyo a nuestra reclamación territorial.
Los 12 torturadores del Rodrigato
La Misión Internacional Independiente de la ONU presentó la actualización de sus hallazgos identificando a 12 altos cargos civiles y militares vinculados a violaciones sistemáticas de DDHH.
El informe subraya la urgencia de reformas judiciales e institucionales. El documento limita la viabilidad de amnistías generales sin mecanismos de justicia transicional, al tiempo que presiona las dinámicas internas en la cúpula militar y de seguridad del Estado.
Doce señalados previos. Estos son los doce funcionarios que la Misión había identificado en informes anteriores y que, según su actualización, continúan o fueron reasignados a cargos relevantes:
Gustavo Enrique González López, ministro de la Defensa desde marzo de 2026; exdirector del Sebin y exministro de Interior. La Misión lo vinculó previamente con órdenes o responsabilidades relacionadas con torturas y tratos crueles contra personas detenidas.
Vladimir Padrino López, ministro de Agricultura Productiva y Tierras; fue ministro de Defensa y comandante estratégico operacional de la FANB. Figura en informes por responsabilidad de mando asociada a la represión de manifestaciones y al uso letal de la fuerza.
Diosdado Cabello Rondón, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y primer vicepresidente del PSUV. La Misión documentó su presunto control o influencia sobre estructuras de inteligencia y acciones de criminalización contra opositores.
Alexander Enrique Granko Arteaga, teniente coronel y alto funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), vinculado a la unidad CIN 3 y al Despacho de la DGCIM.
Fue previamente mencionado por detenciones clandestinas y torturas atribuidas a estructuras bajo su dirección. José Miguel Domínguez Ramírez, “Miguelito” — director de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana y subdirector de la PNB.
La Misión de la ONU lo había asociado con operativos violentos, ejecuciones extrajudiciales y prácticas atribuidas a las antiguas FAES.
Iván Rafael Hernández Dala, general de división y presidente de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv); fue director general de la DGCIM entre 2014 y 2024.
La Misión lo había señalado por responsabilidades de mando respecto de abusos atribuidos a ese organismo.
Tarek William Saab Halabi, exfiscal general y actual jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida. La Misión había documentado el posible uso instrumental del sistema penal para convalidar detenciones arbitrarias y obstaculizar investigaciones sobre torturas.
Ronny Fernando González Montesinos, comisario general y jefe de la División de Investigaciones Penales de la PNB; anteriormente funcionario del Sebin. Fue previamente mencionado por vigilancia ilegal, interceptaciones y hechos ocurridos en El Helicoide.
Carmen Teresa Meléndez Rivas, alcaldesa del municipio Libertador de Caracas; exministra de Defensa y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La Misión la vinculó con cadenas de mando asociadas al uso excesivo de la fuerza en contextos de protesta.
Fabio Enrique Zavarse Pabón, mayor general y rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES); excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana.
Ha sido señalado en relación con operaciones represivas y uso de la fuerza por unidades bajo su mando.
Carlos Leal Tellería, ministro de Alimentación y mayor general en situación de reserva activa.Está incluido entre los funcionarios previamente identificados por la Misión y que mantienen posiciones de relevancia.
Cruz Torrealba, alcaldesa del municipio Aragua, estado Anzoátegui. Figura como la única autoridad municipal dentro del grupo de doce con evaluación previa de responsabilidad individual por la Misión.
El informe también incorpora seis funcionarios descritos como parte de la arquitectura institucional que permitió o sostuvo la represión sistemática. Esta inclusión no equivale, por sí sola, a una atribución individual de responsabilidad penal bajo el estándar aplicado a los doce nombres anteriores.
Larry Devoe, fiscal general de la República, Pedro Carreño diputado y Ministro de Relacione Interiores, Alexis Rodríguez Cabello, director general del Sebin, Javier Marcano Tábata, director general de la DGCIM.
Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira. José Adelino Ornelas Ferreira, general de división y secretario general del Consejo de Defensa de la Nación (Secodena).