La junta escolar de la ciudad de Nueva York está retrasando la votación sobre una controvertida propuesta que regula cómo el Departamento de Educación recopila, almacena y comparte datos privados de estudiantes, incluidos nombres, correos electrónicos, números de teléfono, direcciones particulares y fechas de nacimiento.
Durante semanas, padres y defensores de los derechos de los estudiantes han expresado su preocupación por si las revisiones propuestas a una política del Departamento de Educación que tiene 15 años de antigüedad protegerían adecuadamente los datos de los estudiantes.
Algunos temían que la política revisada pudiera debilitar las protecciones para los estudiantes, permitiendo en algunos casos que el Departamento de Educación comparta datos de los estudiantes con terceros sin el consentimiento de los padres.
La Federación Unida de Maestros se hizo eco de las preocupaciones de los padres sobre las revisiones propuestas en una carta enviada a principios de este mes al Departamento de Educación.
Los temores sobre la privacidad de los datos de los estudiantes han aumentado en las semanas posteriores a la reelección del presidente electo Donald Trump.
Durante su campaña, Trump prometió reiteradamente implementar agresivas deportaciones masivas, una promesa que ya está generando preocupación en la ciudad de Nueva York, donde viven miles de estudiantes solicitantes de asilo y otros inmigrantes.
A la luz de la retórica de Trump, algunos padres, defensores y funcionarios municipales quieren ver protecciones aún más fuertes para los datos de los estudiantes, garantizando que información como la dirección del domicilio del estudiante no ayude a los agentes federales a identificar a los estudiantes indocumentados.
Las normas revisadas estaban inicialmente previstas para una votación en octubre por parte del Panel de Política Educativa de la ciudad, o PEP, que vota sobre las principales propuestas de políticas y contratos.
Se aplazó a la reunión del panel del miércoles, y luego se pospuso nuevamente al menos hasta diciembre, dijo la semana pasada el presidente del PEP, Gregory Faulkner.
Faulkner dijo que, con más tiempo antes de la votación, el PEP planea realizar una asamblea pública durante la primera semana de diciembre para solicitar comentarios del público sobre las regulaciones (aún no se ha fijado la fecha).
Es una de las dos propuestas controvertidas que se discutirán durante la asamblea pública, y también se les pedirá a las familias que opinen sobre un contrato propuesto de casi 17 millones de dólares para la Prueba de Admisión a la Escuela Secundaria Especializada.
La portavoz del Departamento de Educación, Chyann Tull, dijo que mover la votación permitiría una mayor participación de la comunidad.
“Las revisiones propuestas al reglamento hacen las actualizaciones necesarias para cumplir con la ley estatal y federal, y actualizan el reglamento con las políticas y prácticas actuales relacionadas con la protección de la información de los estudiantes, que van más allá de los requisitos legales”, dijo en un comunicado.
“Escuchamos y respondemos a las voces de nuestras familias y comunidades, y hemos revisado el reglamento dos veces en respuesta a los comentarios del público”.
Pero los críticos de las revisiones argumentan que las regulaciones propuestas no están completamente alineadas con la ley estatal , que según ellos describe protecciones y supervisión más abiertas cuando se trata de cómo partes externas usan los datos de los estudiantes recopilados por las agencias de educación.
Los miembros del público pueden ver las revisiones propuestas en línea y compartir comentarios con PEP por correo electrónico o teléfono o asistiendo a una reunión, dijeron los funcionarios de la ciudad.
Los defensores sostienen que las medidas de exclusión voluntaria son insuficientes
Las regulaciones propuestas actualizan las protecciones de privacidad de 2009 e incluyen detalles sobre los derechos de los padres y los estudiantes en lo que respecta a los registros educativos, las responsabilidades de los funcionarios escolares que manejan esos registros, los procedimientos que se deben seguir después de las violaciones de datos y más.
Los defensores han expresado su preocupación por una estipulación mediante la cual los datos de los estudiantes pueden clasificarse como “información de directorio”, lo que permite al Departamento de Educación divulgarlos a proveedores externos sin el consentimiento de los padres.
Según los documentos de la ciudad, en virtud de la normativa propuesta, las escuelas tendrían que dar a las familias un aviso de al menos 30 días antes de que se autorice la divulgación de dichos datos, durante el cual las familias podrían optar por no hacerlo.
Esos avisos tendrían que incluir tanto los tipos de datos de los estudiantes que se convertirían en información del directorio, como las partes a las que se divulgarían esos datos.
Los avisos también deben estar “redactados y distribuidos de una manera que sea razonablemente probable que sean vistos” por las familias. Pero una vez clasificados como información de directorio, esos datos podrían compartirse con las partes designadas sin el consentimiento de los padres.
Leonie Haimson, directora ejecutiva del grupo de defensa Class Size Matters y copresidenta de la Coalición de Padres por la Privacidad de los Estudiantes, se mostró en desacuerdo con la amplia gama de datos de los estudiantes que podrían clasificarse como información de directorio según las regulaciones propuestas.
Agregó que las medidas de exclusión voluntaria son insuficientes para proteger la privacidad de los estudiantes.
“Sabemos que la opción de los padres de no recibir notificaciones no es adecuada, ya que muchos padres nunca verán estas notificaciones”, dijo en un correo electrónico. “El robo de identidad de menores puede ocurrir solo con nombres y fechas de nacimiento, y estos delitos pueden pasar desapercibidos durante años, lo que daña gravemente sus perspectivas de futuro”.
Para muchos, las preocupaciones sobre el intercambio de datos de los estudiantes se centran en cómo terceros podrían utilizar la información y si las regulaciones propuestas protegen lo suficiente contra la posible divulgación o el abuso de los datos de los estudiantes.
Escuchar esas opiniones motivó a Faulkner a buscar más aportes públicos sobre las regulaciones, dijo.
“En algún momento se nos va de las manos y ahí es donde han surgido quejas”, dijo sobre los datos de los estudiantes. “En mi caso, quiero ver que esa información del directorio esté realmente protegida”.
Naveed Hasan, un padre de Manhattan y miembro del PEP, está esperando la opinión del público antes de decidir sobre las revisiones propuestas. Le preocupa cómo los proveedores podrían estar utilizando los datos de los estudiantes, en particular cuando gran parte de la infraestructura tecnológica del Departamento de Educación está subcontratada a otras empresas.
“Mi posición siempre ha sido que ninguno de los datos privados de nuestros estudiantes debe estar en una red no operada por el DOE bajo ninguna circunstancia”, dijo.
Los funcionarios del Departamento de Educación dijeron que la información de identificación personal de los estudiantes no se puede utilizar con fines comerciales o de marketing y que los proveedores solo pueden acceder, usar o compartir datos privados según sea necesario para los servicios que están contratados para proporcionar.
