Una decisión judicial emitida en California revirtió este miércoles una de las medidas migratorias más controvertidas del Gobierno de Donald Trump: la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60,000 inmigrantes originarios de Nicaragua, Honduras y Nepal. La resolución representa un giro significativo en la protección de estas comunidades, que durante años han vivido bajo la incertidumbre de perder su estatus legal en Estados Unidos.
La jueza concluye que la cancelación fue “predestinada” y contraria a la ley
La magistrada Trina Thompson determinó que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, actuó de manera irregular al ordenar la terminación del TPS. Según la jueza, la decisión no solo estuvo “predestinada”, sino que además no cumplió con los procedimientos establecidos por la ley federal.
Thompson subrayó que Noem se apartó de la práctica histórica del DHS al imponer un periodo de transición de apenas 60 días tras anunciar la cancelación del programa, un plazo que la corte consideró insuficiente y contrario a los estándares administrativos habituales.
Restauración del TPS y rechazo a la petición del Gobierno
En su fallo, la jueza no solo invalidó la decisión de Noem, sino que también restauró el TPS para las tres nacionalidades afectadas. Además, rechazó una solicitud del Gobierno para desestimar la demanda presentada contra la cancelación del programa, lo que refuerza la legitimidad del proceso judicial iniciado por los beneficiarios y organizaciones defensoras de inmigrantes.
La terminación del TPS violó la Ley de Procedimiento Administrativo
Thompson fue explícita al señalar que la terminación del TPS para Nepal —programada para el 6 de junio de 2025— y la de Honduras y Nicaragua —prevista para un mes después— violaron la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés). Esta ley exige que las agencias federales sigan procesos claros, transparentes y fundamentados antes de modificar o eliminar beneficios migratorios.
Al declarar ilegales las cancelaciones, la jueza dejó sin efecto la orden emitida por Noem, lo que implica que los beneficiarios de estos países mantienen su protección mientras continúan los procesos legales y administrativos correspondientes.
Un fallo con implicaciones profundas para miles de familias
La decisión representa un alivio inmediato para decenas de miles de inmigrantes que han vivido durante años en Estados Unidos bajo el amparo del TPS, muchos de ellos con familias, empleos y raíces profundas en el país. También marca un precedente importante sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria y la necesidad de respetar los procedimientos establecidos por la ley.
