Los trabajadores inmigrantes en Nueva Jersey que denuncian a sus empleadores por violaciones a la legislación laboral ahora tienen protecciones adicionales contra represalias.
Los empleadores que denuncien o amenacen con denunciar a los trabajadores ante las autoridades de inmigración para ocultar sus propias violaciones de las leyes estatales sobre salarios, beneficios o impuestos ahora enfrentan multas de hasta $10,000, según una ley firmada recientemente por la vicegobernadora Tahesha Way en su calidad de gobernadora interina.
“Ningún trabajador debería verse obligado a hacer la vista gorda ante el comportamiento ilegal de su empleador por miedo a ser procesado por su estatus migratorio”, dijo en un comunicado la líder de la mayoría del Senado estatal, Teresa Ruiz, demócrata de Newark y patrocinadora de la versión del proyecto de ley en el Senado .
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ofrece protecciones similares para quienes denuncian violaciones de la ley federal.
La medida de Nueva Jersey coincide con un aumento en el número de inmigrantes no autorizados en Nueva Jersey y Estados Unidos, según un análisis reciente del Pew Research Center.
Eso incluye a los inmigrantes que no son ciudadanos y que no tienen un estatus de residencia legal.
No incluye a los titulares de tarjetas verdes y visas, refugiados o personas a las que se les ha concedido asilo.
En 2022, según el informe de Pew, Nueva Jersey albergaba a 475.000 inmigrantes no autorizados, una de las poblaciones más grandes del país.
Ese año, el 7% de los trabajadores del estado eran inmigrantes no autorizados, según el informe.
La ley también sigue la promulgación de una serie de otras leyes de Nueva Jersey que refuerzan los derechos de los inmigrantes , incluidas protecciones adicionales para los trabajadores domésticos y un mandato para que las agencias estatales traduzcan documentos a siete idiomas.
Según la nueva ley de Nueva Jersey, las multas por la primera infracción de un empleador costarán hasta $1,000, luego hasta $5,000 por una segunda infracción y $10,000 por cualquier infracción posterior.
Las tarifas recaudadas se destinarán al presupuesto del Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral del estado para su aplicación y administración.
Los defensores de los inmigrantes locales también elogiaron la ley, diciendo que tales protecciones son especialmente necesarias para los inmigrantes sin estatus legal, quienes tienen más probabilidades de enfrentar discriminación y explotación.
“Los trabajadores inmigrantes participan en la fuerza laboral de Nueva Jersey a una tasa 5,2% mayor que la de los trabajadores nativos”, dijo Erik Cruz Morales, gerente de políticas y defensa de derechos de la Alianza de Nueva Jersey para la Justicia de los Inmigrantes, en un comunicado. “Merecen protección igualitaria”.