La nueva regla provisional de asilo que entró en vigor el 31 de mayo no contempla el tiempo necesario para que los migrantes en busca de refugio puedan conseguir asistencia legal. Y los abogados advierten que, si lo hacen, no hay espacio suficiente para armar un caso, reunir las evidencias y ganarlo en el plazo de seis meses establecido.
Las dos principales entidades de abogados de inmigración advirtieron que la nueva Norma Final Provisional de Asilo (IFR) implementada por el gobierno el martes en la frontera con México, que otorga poderes extraordinarios a los agentes de asilo del servicio de inmigración, no incluye tiempo suficiente para defender casos y obtener un fallo favorable.
“Instamos a la Administración a abordar los problemas de debido proceso y equidad creados innecesariamente al enfatizar la velocidad sobre la toma de decisiones precisa y considerada de solicitudes de protección por parte de los solicitantes de asilo”, concluye un documento firmado por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración y el Consejo Estadounidense de Inmigración.
El análisis, enviado a Rená Cutlip-Mason, jefe de la división de asuntos humanitarios de la oficina de política y estrategia del servicio de inmigración (USCIS), y Lauren Aliso Reid, subgerente de la oficina de política de la Corte de Inmigración (EOIR), solicita además a los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional que “no sólo deben retirar sus propuestas de tiempo acelerado, sino abordar las preocupaciones culturales identificadas en las oficinas de asilo antes de implementar cualquier cambio significativo incluido en IFR, cuya primera fase fue activada el martes 31 de mayo en dos centros de detención ubicados en Texas.
La IFR fue anunciada en marzo y concede a los agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) poderes discrecionales extraordinarios temporales para conceder, rechazar o referir casos de asilo, un privilegio que solo era ejercido por los jueces de inmigración.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo poco antes de la implementación del protocolo que el objetivo era “mejorar y acelerar” el procesamiento de solicitudes presentadas por extranjeros sujetos a deportación acelerada, asegurando que aquellos que sean elegibles para asilo reciban ayuda inmediatamente y quienes no lo son, sean puestos en proceso de deportación acelerado.
No quedaba muy claro si la nueva norma efectivamente ayudará a descongestionar la frontera. «Definitivamente, no la va a descongestionar por ahora, pero va a ayudar, en cierto modo, a reducir el atasco en la Corte de Inmigración», dijo José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida.
Tanto AILA como el Consejo Estadounidense de Inmigración enfatizan que el proceso acelerado implementado en la frontera resta precisión al debido proceso, por lo que el gobierno debería retirar los plazos determinados en la nueva regla.
Si bien dieron la “bienvenida” a los cambios implementados, sugieren que una revisión inmediata no solo mejoraría el sistema, sino que garantizaría la impartición de justicia para todos los inmigrantes por igual.
Es necesario un abogado
El documento dice que la IFR no aborda adecuadamente las preocupaciones con respecto al acceso significativo a un abogado para los solicitantes de asilo.
“No se puede exagerar la importancia de la representación legal. Una persona que puede contratar a un abogado es mucho más probable que tenga éxito en la corte de inmigración».
Un estudio de 2015 mostró que para los extranjeros en proceso de deportación que no están detenidos, si tienen representación legal tienen casi cinco veces más probabilidades de obtener el alivio de inmigración que quienes no tienen abogado. El 63% de los que tenían representación obtuvieron alivio frente al 13% de los que no tenían representación, agrega.
Entre los inmigrantes privados de libertad, las personas que tuvieron la asistencia de un abogado tuvieron dos veces más probabilidades de obtener ayuda que aquellos sin abogados.
El 49% de aquellos con representación pudieron obtener alivio mientras que solo el 23% de aquellos sin representación lo consiguieron.
El informe añade que la IFR no otorga el tiempo adecuado para que los solicitantes de asilo obtengan un abogado. Y que los plazos establecidos en cada fase del debido proceso “exacerban las barreras para acceder a un abogado”.
- El cronograma acelerado dificulta significativamente el acceso a un abogado y la oportunidad de ser escuchado de manera significativa, violando el derecho al debido proceso.
- Resalta que la oportunidad de ser escuchado de manera significativa es la base del debido proceso.
- La clave para una oportunidad significativa de ser escuchado es tiempo suficiente para prepararse para una audiencia y tener el derecho a ser representado por un abogado.
