Piden 200 millones a Nueva York para defender a inmigrantes sin abogado
Una coalición de organizaciones de defensa legal ha presentado una solicitud formal ante la gobernadora Kathy Hochul para asegurar 200 millones de dólares en el próximo presupuesto estatal, con el objetivo de garantizar representación jurídica a inmigrantes y menores de edad que enfrentan procesos de deportación. La petición, encabezada por la iniciativa Immigrant Children Advocates’ Relief Effort (ICARE) junto a entidades como Legal Aid Society, Kids in Need of Defense, el Vera Institute of Justice y la New York Immigration Coalition, busca adelantarse a las negociaciones fiscales de enero ante la creciente demanda en los tribunales migratorios.
Una brecha de representación legal
De acuerdo con cifras recopiladas por las organizaciones, cerca de 300.000 personas en el estado, entre ellas unos 46.000 menores, atraviesan actualmente procedimientos de expulsión. Sin embargo, solo alrededor de 234.000 cuentan con asistencia letrada.
Este desfase deja desprotegidos en las cortes al 22% de la población adulta y al 32% de los niños y adolescentes no acompañados. Para la coalición, se trata de una crisis de representación que se agrava a medida que aumenta la demanda en los tribunales migratorios.
El impacto de la defensa jurídica en los tribunales
La distribución de los recursos solicitados pretende atacar de forma directa esta crisis mediante tres ejes de actuación.
Del monto global requerido, 20 millones de dólares se reservarían de manera exclusiva para asistir a menores no acompañados. Actualmente, más de 1.000 niños sin padres ni tutores legales aguardan en la lista de espera de ICARE, mientras que unos 11.600 enfrentan procesos de separación familiar en todo Nueva York.
Probabilidades de éxito legal
La directora ejecutiva de ICARE, Sierra Kraft, advirtió que los menores sin compañía que cuentan con un abogado tienen al menos 100 veces más probabilidades de ganar sus casos. Sin este financiamiento, cientos de niños con argumentos legales válidos para recibir asilo o protección humanitaria corren el riesgo inminente de ser deportados al verse obligados a defenderse solos.
La coalición también instó a Hochul a impulsar y firmar la Ley de Acceso a la Representación Legal (ARA) y la Ley para el Fortalecimiento de la Defensa Legal de los Inmigrantes (BUILD). Ambas normativas buscan instituir un programa permanente de derecho a la asistencia jurídica gratuita para cualquier inmigrante de bajos recursos.
La postura de la oficina de la gobernadora
Desde la administración estatal declinaron confirmar si la partida de 200 millones de dólares será incorporada en el plan financiero que se presentará en enero, y señalaron que todas las propuestas legislativas serán evaluadas oportunamente.
No obstante, un portavoz del Ejecutivo recordó el compromiso previo de Hochul con este sector. Destacó la entrega de 7,25 millones de dólares en fondos de emergencia a principios de este año para reforzar la defensa legal de los niños inmigrantes más vulnerables.
