El Fiscal general de California, Rob Bonta, apoyado por un grupo procuradores, envió a la Corte Suprema un documento de apoyo legal al Gobierno del presidente Joe Biden, para librar la batalla por aplicar su guía de prioridades de deportación.
La guía había impugnada por dos estados republicanos.
El «amicus brief» (documento enviado a un tribunal con información o argumentos relevantes a un caso en el cual la persona o personas que lo envían no están directamente relacionadas) respalda la guía emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que enfoca los esfuerzos de deportación en inmigrantes que suponen una amenaza a la seguridad pública o nacional.
La coalición deja en claro que la guía de «es congruente con la práctica de larga data y apoya la unidad familiar, así como la comunidad y la estabilidad económica» del país.
Las prioridades establecidas por el Gobierno de Biden fueron impugnadas por Texas y Luisiana, que exigieron dejar en pie las reglas establecidas por la Administración del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021), que puso en la mira de la deportación a todos los indocumentados.
En junio pasado un juez federal en Texas falló en contra de las normas establecidas por el Ejecutivo demócrata de Biden para detener y deportar extranjeros, lo que empujó al Gobierno a solicitar la intervención de emergencia de la máxima corte.
No obstante, la Corte Suprema desestimó la petición y, en cambio, celebrará una audiencia oral sobre la cuestión en diciembre.
«No se equivoquen: el enfoque aleatorio y de redada en la aplicación de la ley de inmigración que impulsan Texas y otros estados es peligroso y amenaza con desestabilizar nuestras comunidades», dijo hoy Bonta en un comunicado.
Destacó que muchos de los no ciudadanos son miembros contribuyentes de la sociedad estadounidense, pagan impuestos y mantienen a familiares nacidos en el país.
«Insto respetuosamente a la Corte Suprema de Estados Unidos a que rechace el ataque de Texas a la capacidad de las fuerzas del orden público federales para concentrarse en perseguir amenazas reales a nuestras comunidades», agregó.
La solicitud subraya que los estados que pertenecen a la coalición son el hogar de millones de no ciudadanos que «son valiosos y contribuyentes activos a nuestras comunidades».
Los fiscales de Nueva York, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia apoyan a Bonta en su iniuciativa.
