Casi tres meses después de que la Corte Suprema fallara a favor para que gobierno de Joe Biden cancelara el Programa Permanecer en México (MPP), un informe revela que la cuestionada política implementada en enero de 2019 “sigue viva” en abierta violación al debido proceso migratorio.
Quédate en México está bien vivo. El proceso actual de desmantelamiento perjudica a los solicitantes de asilo vulnerables”, señala un informe elaborado por investigadores de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y del Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC) esta semana.
Los analistas concluyeron que la permanencia del programa, siendo que el máximo tribunal de justicia dictaminó que el gobierno podía continuar con su desmantelamiento, “eleva las preocupaciones” sobre problemas operativos en la frontera “los que aún no han sido abordados por las agencias gubernamentales que participan en el debido proceso”.
Esta falta de capacidad y de respuesta del gobierno para proceder al desarme de la política ‘Quédate en México’, anunciada por el gobierno de Biden en junio de 2021, pero frenada temporalmente tras una demanda entablada por los Estados de Texas y Missouri (ambos gobernados por republicanos), “resulta en violaciones evitables del debido proceso”, agregaron.
La guía actual del gobierno en la frontera sigue requiriendo que la mayoría de las personas inscritas en el programa MPP esperen en territorio mexicano hasta la fecha de su audiencia en la corte de inmigración (EOIR) «para salir del programa» y seguir su caso de asilo.
Los investigadores señalaron además que tras el fallo de la Corte Suprema y después de que el juez del Tribunal de Distrito Matthew Kacsmaryk “levantara formalmente la orden judicial el pasado 8 de agosto, “el memorando de terminación de ‘Quédate en México’ entró en vigor de inmediato”.
Posteriormente, agrega el informe, la administración de Biden “detuvo las nuevas inscripciones en el MPP”. Si embargo, advierte que el gobierno dará de baja a las personas que permanecen en el programa solo en los siguientes escenarios:
- La fecha de su audiencia en la Corte de Inmigración, que puede ser dentro de semanas o incluso meses. Actualmente la EOIR tiene más de 2 millones de casos acumulados, la mayoría de asilo;
- Individuos con una vulnerabilidad particular o circunstancias significativamente cambiantes, quienes deben hacerlo a través de internet, aprobación que está sujeta a la discreción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El informe de AILA y NILC también halló:
- Cancelaciones de inscripciones de MPP anticipadas, antes de que se agote el debido proceso;
- Se ordena a muchos inmigrantes a proseguir sus juicios a pesar de que han solicitado prórrogas a los jueces porque no can conseguido ayuda legal;
- Varios inmigrantes a quienes les han negado una solicitud de prórroga han sido enviados a detención de ICE;
- Por lo general a los inmigrantes representados por un abogado han recibido prórrogas o aplazamientos de sus casos;
NILC y AILA señalaron que “se enteraron recientemente de que un individuo sin representación legal que fue obligado a seguir adelante con su audiencia perdió el caso y fue puesto en custodia por ICE y deportado a Colombia el pasado 8 de septiembre, antes del plazo legal de que disponía para apelar el resultado de su caso de asilo.
