El Departamento de Justicia de Estados Unidos está impulsando planes para revocar la ciudadanía de inmigrantes que han cometido delitos o representan un riesgo para la seguridad nacional, según un reciente memorando que pone de relieve la agenda de inmigración del gobierno de Donald Trump.
Los intentos de identificar y perseguir a aquellos sospechosos de haber mentido para obtener su ciudadanía no son nuevos para este gobierno.
Pero está generando preocupaciones entre activistas, quienes han acusado al gobierno de intentar usar la ley de inmigración con fines políticos.
El plan está recibiendo un escrutinio creciente después de que un miembro republicano del Congreso sugiriera que Zohran Mamdani, el candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, debería ser objeto de procedimientos de desnaturalización.
Aquí un vistazo al proceso de desnaturalización y lo que significa el memorando del Departamento de Justicia:
El gobierno de Estados Unidos puede revocar la ciudadanía estadounidense a un inmigrante naturalizado si es condenado penalmente por fraude de naturalización o si el gobierno prueba a través de procedimientos civiles que el acusado obtuvo ilegalmente su ciudadanía mediante fraude o tergiversó u ocultó hechos en su solicitud.
Durante años, los esfuerzos de desnaturalización del gobierno se centraron en gran medida en presuntos criminales de guerra que mintieron en su documentación de inmigración, sobre todo exnazis. El Departamento de Justicia presentó poco más de 300 casos en total entre 1990 y 2017.
¿Qué tan común ha sido este proceso de desnaturalizar a un ciudadano?
El quitarle a la ciudadanía a un inmigrante es algo muy poco común, pero no es nada nuevo. Y es que es una ley de hace años. El cambio ahora bajo la administración Trump es que se han incluido delitos civiles como causa para revocar la ciudadanía a quienes se hayan naturalizados.
Los casos de desnaturalización son raros
El gobierno de Estados Unidos puede revocar la ciudadanía estadounidense a un inmigrante naturalizado si es condenado penalmente por fraude de naturalización o si el gobierno prueba a través de procedimientos civiles que el acusado obtuvo ilegalmente su ciudadanía mediante fraude o tergiversó u ocultó hechos en su solicitud.
Durante años, los esfuerzos de desnaturalización del gobierno se centraron en gran medida en presuntos criminales de guerra que mintieron en su documentación de inmigración, sobre todo exnazis. El Departamento de Justicia presentó poco más de 300 casos en total entre 1990 y 2017.
Departamento de Justicia dice que dará prioridad a ciertos casos
El plan fue anunciado en un memorando del recientemente confirmado jefe de la División Civil del Departamento de Justicia, el subsecretario de Justicia Brett Shumate.
Shumate dijo que los casos que el departamento priorizará incluyen a personas que “representan un peligro potencial para la seguridad nacional”, personas que cometen delitos violentos, miembros de pandillas y cárteles narcotraficantes, y personas que cometen fraude de Medicaid y de otros tipos.
Los beneficios del proceso de desnaturalización, escribió Shumate, “incluyen la capacidad del gobierno para revocar la ciudadanía de individuos que participaron en la comisión de crímenes de guerra, asesinatos extrajudiciales u otros abusos graves de derechos humanos; remover a criminales naturalizados, miembros de pandillas o, de hecho, cualquier individuo condenado por delitos que representen una amenaza continua para Estados Unidos; y prevenir que terroristas condenados regresen al suelo estadounidense o viajen internacionalmente con un pasaporte estadounidense”.
Hoppock dijo que el memorando de alguna manera “abre las puertas” para que el gobierno presente tantos casos de desnaturalización como tenga los recursos para hacerlo.
Abogados levantan la alarma sobre el impacto potencial
El lenguaje amplio en el memorando plantea la posibilidad de “que cualquier delito, en cualquier momento, pueda ser utilizado para justificar la desnaturalización”, dijo Christopher Wellborn, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal.
“No es difícil imaginar un escenario donde el gobierno invoque acusaciones infundadas de afiliación a pandillas o use los antecedentes penales de un individuo para afirmar que la ciudadanía fue obtenida ilegalmente”, dijo Wellborn en un comunicado.
Otros temen que el impulso público por parte del gobierno genere miedo entre los inmigrantes naturalizados.
“Cuanto más hablas de ello, más se enmarca como ‘vamos tras tu naturalización, vamos tras de ti’; más efecto disuasorio vemos en las personas que solicitan la naturalización”, comentó Elizabeth Taufa, abogada y estratega sénior de políticas en el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes. “Incluso en aquellas personas que realmente son elegibles para la naturalización”.
Los críticos han acusado al gobierno de Trump de usar la ley de inmigración para perseguir a personas debido a su discurso, en particular en el caso del activista de la Universidad de Columbia Mahmoud Khalil, a quien se ha intentado deportar por su papel en protestas propalestinas.
“Una de nuestras preocupaciones es si los atacarán políticamente, si comenzarán a revisar los archivos de inmigración de las personas si no les gustas o si piensan que no estás de acuerdo con el gobierno”, señaló Hoppock.
“Creo que la mayoría de los estadounidenses apoyaría la idea de despojar a alguien de la ciudadanía si la obtuvo mediante fraude y también si es una persona peligrosa”, añadió, pero la preocupación es si comienzan a revisar “los archivos de inmigración de personas comunes para encontrar una t que no está cruzada o una i que no está punteada para poder usarlo como un arma”.
Departamento de Justicia logró recientemente la desnaturalización en un caso
El mes pasado, el departamento anunció que había asegurado con éxito la desnaturalización de un hombre que fue condenado por poseer material de abuso sexual infantil.
El hombre británico se había convertido en ciudadano estadounidense después de alistarse en el Ejército de Estados Unidos bajo una disposición que proporciona un mecanismo de naturalización para miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, dijeron las autoridades.
Solo mencionó una multa por exceso de velocidad cuando se le preguntó en su solicitud de naturalización si había “cometido algún delito u ofensa por la que no fue arrestado”, y se convirtió en ciudadano estadounidense en 2013.
Meses después, fue arrestado en Luisiana por cargos de material de abuso sexual infantil y condenado, según el departamento.
“Las leyes destinadas a facilitar la ciudadanía para los valientes hombres y mujeres que se unen a las fuerzas armadas de nuestra nación no protegerán a los individuos que han obtenido fraudulentamente la ciudadanía estadounidense al ocultar sus crímenes”, afirmó Shumate en un comunicado en ese momento. “Si cometes delitos graves antes de convertirte en ciudadano estadounidense y luego mientes sobre ellos durante tu proceso de naturalización, el Departamento de Justicia descubrirá la verdad y te perseguirá.”
Además, será una prioridad del Departamento de Justicia, puesto que se le pidió a los fiscales priorizar el quitarle la ciudadanía inmigrantes que cometieron ciertos delitos antes de convertirse en ciudadanos.
Entre los delitos criminales, se encuentran:
- Representar un peligro para la seguridad nacional
- Participar en torturas y crímenes de guerra
- Cometer violaciones de derechos humanos
- Ser miembros de cárteles de droga, traficar con personas y cometer delitos sexuales
«Lo que vamos a ver es un aumento de casos de delitos menos serios», sostuvo Joseph Malouf, abogado constitucionalista.
Entre los delitos civiles que buscan incluir como causante para la revocación de ciudadanía, se encuentran:
- Cometer fraude al Medicaid o Medicare
- Fraude a personas particulares y al Programa de Protección de Nómina creado durante la pandemia conocido como PPP
«El problema es que incluyen fraude el programa PPP, mentirle al gobierno en pedirle beneficios al gobierno», dijo Malouf. «Esto va a aterrorizar a todo el mundo».
Para activistas proinmigrantes este cambio es solo otro ataque del gobierno a la comunidad inmigrante.
«Lo vemos como un ataque más a la comunidad inmigrante», expresó Artemio Arreola, de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois.
El quitarles la ciudadanía a inmigrantes naturalizados fue algo ampliamente usado en la década de 1940.
Barack Obama también lo hizo durante su tiempo en la Casa Blanca. Ahora con más fuerza el presidente Trump, quieren ponerlo en la corte civil sin jurado y sin ponerle un abogado al acusado.
En los casos civiles el gobierno tiene una barra más baja en cuanto a demostrar culpabilidad.
