La gobernadora Kathy Hochul ha vetado una legislación que habría requerido que las agencias de desarrollo industrial (IDA por sus siglas en inglés) tuvieran representantes de sindicatos y escuelas públicas en sus juntas directivas.
Las IDA otorgan exenciones en los impuestos a la propiedad, impuestos a las ventas y otros gravámenes a las empresas en expansión a cambio de la creación de empleos e inversión de capital.
Los ahorros de impuestos afectan los presupuestos de los distritos escolares al trasladar la carga fiscal a los propietarios y otras empresas que no reciben asistencia de la IDA, mientras que los sindicatos quieren los trabajos de construcción para sus miembros.
En todo el estado, hay más de 100 IDA, incluidas ocho en Long Island.
Los defensores del proyecto de ley vetado dijeron que habría hecho que las IDA fueran más responsables ante las comunidades donde se encuentran los proyectos que reciben exenciones fiscales.
Datos
- La gobernadora Kathy Hochul ha vetado un proyecto de ley que habría requerido que las agencias de desarrollo industrial reservaran puestos en la junta para representantes de sindicatos y escuelas públicas.
- Hochul dijo que el requisito no era necesario porque esos representantes son elegibles para servir en las juntas de IDA si son designados.
- La patrocinadora del proyecto de ley, la asambleísta Michaelle C. Solages, dijo que volvería a presentar la medida en la sesión legislativa regular que comienza el 8 de enero.
En su mensaje de veto del 21 de diciembre, Hochul dijo que la legislación, que se aprobó abrumadoramente en el Senado y la Asamblea estatales en la primavera, no era necesaria.
Dijo que los líderes laborales y los educadores ya son elegibles para los puestos de la junta de IDA, y las agencias deben buscar aportes sobre sus paquetes de incentivos fiscales a través de audiencias públicas y reuniones.
«Es más apropiado garantizar que los miembros específicos de la agencia de desarrollo industrial sean elegidos por el municipio para representar mejor los intereses de la comunidad en lugar de imponer un requisito legal inflexible», dijo Hochul.
Asambleísta Michaelle C. Solages (D-Elmont), quien patrocinó la medida junto con la senadora Shelley B. Mayer (D-Yonkers), dijo que planea volver a presentar el proyecto de ley en la sesión legislativa regular, que comienza el 8 de enero.
“Incluir un representante laboral y un miembro de la junta escolar en las juntas de la agencia de desarrollo industrial no es solo una buena gobernanza; garantiza la transparencia y la rendición de cuentas por las decisiones que dan forma a nuestra fuerza laboral y la base impositiva local”, dijo Solages a Newsday el martes. “Es decepcionante que se haya denegado esta medida de sentido común, pero seguiremos presionando por un sistema que valore las voces de todas las partes interesadas locales”.
Ella representa a Valley Stream, hogar del Green Acres Mall y el centro comercial adyacente Green Acres Commons, al que la IDA de Hempstead Town otorgó exenciones impositivas en 2014.
Los propietarios denunciaron el paquete de incentivos tres años después, diciendo que provocó que sus impuestos a la propiedad escolar aumentaran. La IDA respondió revocando la ayuda fiscal, pero un juez del condado de Nassau dictaminó que la decisión era ilegal en 2018.
El proyecto de ley vetado fue apoyado por la Asociación de Juntas Escolares del estado, el Instituto de Política Fiscal y la AFL-CIO estatal, un grupo paraguas de sindicatos.
David Albert, un portavoz de la asociación de juntas escolares, dijo que los ahorros en impuestos a la propiedad que las IDA otorgan a las empresas afectan los presupuestos escolares y si un distrito debe proponer un aumento de impuestos a la propiedad que supere el límite estatal.
«Es fundamental que los distritos escolares tengan un papel significativo en este proceso», dijo el martes.
Los oponentes del proyecto de ley, incluidos los desarrolladores y las IDA y su grupo comercial, el Consejo de Desarrollo Económico del Estado de Nueva York, han argumentado que el proyecto de ley vetado obstaculizaría las expansiones comerciales, la creación de empleo y la construcción de viviendas adicionales para los trabajadores.
“El veto del gobernador ha rescatado el papel de las IDA” para fomentar la creación de empleo y la inversión de capital, dijo Kyle Strober, director ejecutivo del grupo de desarrolladores Association for a Better Long Island.
“La idea de que las juntas escolares y los sindicatos determinaran cómo o si las IDA funcionarían habría creado una herida económica tan grave que habría resultado fatal para el tipo de desarrollo vital para el futuro de nuestra región y del estado en su conjunto”, agregó.
En Long Island, los sindicatos y las escuelas públicas están representados en las juntas de las IDA en diversos grados, según una revisión de Newsday de las biografías de los miembros de la junta.
Al menos cuatro de las ocho IDA tienen un representante laboral en su junta. La IDA del condado de Suffolk tiene dos, según la revisión.
Al menos dos IDA tienen miembros de la junta que son maestros de escuela pública jubilados y tres tienen miembros que sirvieron en juntas y comités de instituciones educativas primarias y secundarias públicas o privadas.
