Las facturas de gas enfrentan otro aumento para los clientes de National Grid
Los reguladores estatales aprobaron un plan que podría hacer que los clientes de National Grid paguen más. La Comisión de Servicio Público del estado, el organismo que regula a las empresas de servicios públicos y aprueba sus tarifas, concedió el jueves la Petición de Estabilización de Tarifas presentada por la compañía. La decisión mantendrá elevadas las facturas de gas de los clientes en distintas zonas de la ciudad de Nueva York y permitirá a la empresa recuperar, mediante tarifas futuras, miles de millones de dólares invertidos en su sistema de gas.
Qué aprobó la Comisión de Servicio Público
La decisión permite a la empresa mantener las tarifas de gas actuales durante un año más. Al mismo tiempo, abre la puerta a nuevos aumentos a partir de 2028.
El plan también autoriza 1.700 millones de dólares en inversiones en el sistema de gas de National Grid, que incluyen la expansión de la infraestructura. Los clientes podrían terminar pagando esas inversiones a través de sus facturas de servicios públicos.
El impacto previsto en los bolsillos de los clientes
Según un análisis de la propuesta de la empresa elaborado por Synapse Energy Economics, los clientes de National Grid podrían pagar al menos 50 dólares más al año en cargos de gas a partir de 2028. Esa cifra se sumaría a otros posibles aumentos de tarifas.
El contexto económico de los hogares agrava la preocupación. Un estudio de 2026 de AARP estima que 1,3 millones de clientes de Nueva York se han atrasado en el pago de sus facturas de gas y electricidad.
La oposición de los grupos defensores
La Alliance for a Green Economy, un grupo de defensa centrado en la energía asequible y limpia, junto con otras organizaciones, impugnó la propuesta en septiembre. Los defensores argumentaron que el plan sortea el proceso tradicional de fijación de tarifas.
En ese proceso, los reguladores examinan las solicitudes de gasto de las empresas, y los clientes y los grupos de interés público pueden cuestionar los costos propuestos. Ese mecanismo puede resultar en tarifas más bajas que las que las empresas solicitan inicialmente, y permite a los reguladores imponer protecciones para los consumidores y requisitos ambientales.
La tensión con las metas climáticas del estado
El estado ha adoptado requisitos legales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ampliar las energías renovables y abandonar progresivamente la infraestructura energética contaminante.
Hillary Aidun, abogada sénior de Earthjustice, advirtió que seguir invirtiendo en gasoductos y en infraestructura relacionada podría prolongar la dependencia del estado de los combustibles fósiles. Según explicó, los clientes podrían seguir pagando por esos activos de gas durante décadas, aun cuando Nueva York avanza hacia fuentes de energía más limpias.
“Los neoyorquinos tienen derecho a comprender y participar en las decisiones que dan forma a nuestro futuro energético”, afirmó Aidun.
Un debate que sigue abierto
La aprobación de la petición deja en el centro del debate público una pregunta de fondo: cómo equilibrar la necesidad de mantener y modernizar la red de gas con la carga que esas inversiones suponen para los hogares y con las metas de transición energética del estado. Mientras la empresa asegura su recuperación de costos, los grupos defensores insisten en que las decisiones de este alcance deben pasar por un proceso abierto a la participación ciudadana.
