La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, encabezó hoy una coalición de otros 20 fiscales generales que presentaron una moción de orden judicial preliminar como parte de su demanda para detener el desmantelamiento del Departamento de Educación (ED).
El 13 de marzo, la Fiscal General James y la coalición presentaron su demanda después de que la administración Trump anunciara planes para eliminar al 50% de la plantilla del Departamento.
Tras la Orden Ejecutiva del 20 de marzo que ordenó el cierre del ED y el anuncio del presidente Trump del 21 de marzo de que, además de implementar despidos, el Departamento debe transferir «inmediatamente» la gestión de préstamos estudiantiles y los servicios de educación especial fuera del Departamento, la Fiscal General James y la coalición buscan una orden judicial para detener de inmediato los despidos masivos y la transferencia de servicios.
«Los recortes ilegales de la administración Trump al Departamento de Educación son un ataque a nuestros educadores, nuestras escuelas y nuestros estudiantes», declaró la Fiscal General James. Presentamos una demanda para impedir que Trump desmantelara el Departamento de Educación, y hoy buscamos una orden judicial para proteger a los estudiantes y sus familias. Como orgulloso representante de las escuelas públicas de Nueva York, seguiré defendiendo nuestras escuelas y a todos aquellos que dependen de ellas.
Como afirman la Fiscal General James y la coalición, los ataques de la administración Trump al Departamento de Educación ya han tenido graves consecuencias para las familias y los estudiantes de todo el país.
Los despidos masivos del personal del Departamento de Educación han provocado el cierre de las oficinas de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento en todo el país, incluyendo Nueva York.
También se han retrasado fondos cruciales para los sistemas escolares estatales. 363 millones de dólares en fondos federales para el Departamento
de Educación del Estado de Nueva York se han retrasado debido a los despidos y otros cambios que la administración Trump ha implementado en el Departamento.
Como argumentan la Fiscal General James y la coalición, los estados dependen de miles de millones de dólares cada año en fondos para la educación primaria y secundaria, los servicios para niños con discapacidades, la formación profesional, la educación para adultos y otros servicios cruciales.
Todos estos programas se verán gravemente afectados si no se detiene la incapacitación del Departamento por parte de la administración.
La Fiscal General James y la coalición argumentan en su demanda y solicitud de una orden judicial preliminar que los ataques de la administración Trump contra el Departamento de Educación (ED) son ilegales e inconstitucionales.
El Departamento es una agencia ejecutiva autorizada por el Congreso, con numerosas leyes que crean sus diversos programas y fuentes de financiación.
La demanda de la coalición afirma que el poder ejecutivo no tiene la autoridad legal para desmantelarlo unilateralmente sin una ley del Congreso.
Además, la Fiscal General James y la coalición argumentan que los despidos masivos del ED violan la Ley de Procedimientos Administrativos.
A la Fiscal General James se suman en la presentación de la demanda y la solicitud de hoy los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Washington, Wisconsin, Vermont y el Distrito de Columbia.
Esta es la última acción que la Fiscal General James ha tomado para proteger a los neoyorquinos y los servicios de los que dependen de los ataques ilegales de la administración Trump. El 6 de marzo, la Fiscal General James y una coalición de fiscales generales demandaron a la administración Trump por despidos masivos ilegales de empleados federales y demandaron a la administración Trump por recortar programas críticos de subvenciones para maestros a través del Departamento de Educación. También el 6 de marzo, la Fiscal General James lideró una coalición de fiscales generales para obtener una orden judicial que bloquea la congelación de fondos federales esenciales de la administración Trump a los estados.
El 5 de marzo, la Fiscal General James y una coalición de fiscales generales obtuvieron una orden judicial que impedía a la administración Trump retener fondos vitales a los Institutos Nacionales de Salud.
El 24 de febrero, la Fiscal General James lideró una coalición de fiscales generales para obtener una orden judicial que impedía a Elon Musk y a los miembros de DOGE acceder a información privada de los estadounidenses a través del Tesoro de los EE. UU.
