Tres sindicatos estadounidenses, representados por la organización Electronic Frontier Foundation (EFF), presentaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump por un programa que monitorea publicaciones en redes sociales de personas con visas válidas. La acción legal, interpuesta en un tribunal federal de Nueva York, argumenta que esta práctica viola la Primera Enmienda y solicita eliminar los registros generados por el programa.
¿En qué consiste el programa?
Según la demanda, el gobierno revisa redes sociales en busca de publicaciones consideradas “hostiles” o “amenazantes”, y utiliza esa información para revocar visas. La política fue anunciada por Trump en enero mediante una orden ejecutiva dirigida a extranjeros con “actitudes hostiles” o que representen “una amenaza a la seguridad nacional”. En abril, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que también monitorea contenido relacionado con antisemitismo.
El Departamento de Estado ha destacado públicamente casos de revocación de visas, incluyendo publicaciones que celebraban el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, afirmó que funcionarios trabajan activamente para retirar visas a quienes “profesan odio hacia Estados Unidos”.
¿Por qué esta demanda es distinta?
A diferencia de otras demandas que cuestionan deportaciones específicas, esta acción legal denuncia el uso de herramientas automatizadas e inteligencia artificial para realizar búsquedas masivas de contenido en línea. Según Lisa Femia, abogada de la EFF, el programa suprime la disidencia y afecta directamente el discurso político protegido por la Constitución.
“Están escaneando el discurso en línea a una escala que no sería posible con revisión humana”, señaló Femia. “Mucho de ese contenido está protegido por la Primera Enmienda”.
¿Quiénes son los demandantes?
La demanda fue presentada en nombre de tres sindicatos nacionales:
- Federación Americana de Maestros (AFT)
- Trabajadores de Comunicación de América (CWA)
- Trabajadores Unidos del Automóvil (UAW), que incluye miembros del sector académico
Los sindicatos afirman que sus afiliados han limitado su expresión por temor a represalias migratorias, y que la participación sindical ha disminuido por miedo a consecuencias legales.
¿Qué dice la Corte Suprema?
Aunque el gobierno argumenta que los extranjeros no tienen los mismos derechos constitucionales que los ciudadanos, la Corte Suprema ha reconocido protecciones de libertad de expresión para personas no ciudadanas dentro del país, incluyendo casos históricos como el de un comunista australiano en 1945.
¿Qué efectos tiene esta política?
Con más de 55 millones de personas con visas válidas en EE.UU., la política de vigilancia podría afectar a una gran parte de la población migrante. La demanda también denuncia que el programa viola la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula cómo deben operar las agencias federales.
“Los efectos inhibidores se agravan por la incertidumbre”, concluyó Femia. “La lista de discursos objetables parece expandirse según los caprichos del presidente o del gobierno”.
