Entre miedo y trámites fallidos, se dispara el cierre de casos de asilo en la ciudad

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Un nuevo análisis revela que más de 10,000 solicitantes de asilo en Nueva York podrían recibir órdenes de deportación en 2025 sin haber tenido la oportunidad de presentar su caso ante un juez. La razón principal es el crecimiento acelerado de expedientes cerrados como “abandonados”, una categoría que se ha duplicado en comparación con el año anterior.

La organización Mobile Pathways, dedicada a apoyar a inmigrantes en procesos judiciales mediante herramientas tecnológicas, examinó datos de los tribunales de inmigración ubicados en Federal Plaza, Broadway y Varick Street. Su informe describe un sistema cada vez más marcado por obstáculos administrativos, notificaciones fallidas y procedimientos acelerados que impiden audiencias completas.

Un salto de miles de casos cerrados sin audiencia

Según Bartlomiej Skorupa, cofundador y director de operaciones de Mobile Pathways, los casos clasificados como abandonados pasaron de 3,951 en 2024 a alrededor de 10,000 en noviembre de 2025. En estos expedientes, los jueces cierran el caso antes de cualquier audiencia, generalmente por documentos incompletos, plazos incumplidos, avisos que nunca llegan al solicitante o tarifas recién implementadas que no se pagan a tiempo.

Cuando un caso se cierra por abandono, la persona pierde la posibilidad de presentar pruebas y, en la mayoría de los casos, recibe una orden de deportación automática.

Entre enero y noviembre de 2025, más del 40% de las solicitudes de asilo en la ciudad fueron catalogadas como abandonadas, un aumento del 170% respecto al mismo periodo del año anterior. Para octubre, esta categoría representaba más de la mitad de todos los resultados de casos de asilo en Nueva York. Mobile Pathways describe este patrón como una “red de nuevas trampas administrativas” que facilita que familias pierdan sus casos sin ser escuchadas.

Crecen también las deportaciones por ausencia en la audiencia

El análisis muestra un incremento notable en las órdenes de deportación emitidas en ausencia, es decir, cuando la persona no se presenta a su cita en la corte. En noviembre, estas deportaciones fueron 64% más altas que en enero. El pico se registró en marzo de 2025, cuando las cifras duplicaron las del mismo mes del año anterior.

Skorupa atribuye este fenómeno a un clima de “miedo y desesperanza” provocado por arrestos de ICE en tribunales que han recibido amplia cobertura mediática. Muchas personas creen que asistir a la corte podría resultar en detención, por lo que optan por no presentarse. Sin embargo, señala que la probabilidad real de ser arrestado en la corte es baja —aproximadamente 1%— mientras que faltar a la audiencia conlleva una probabilidad cercana al 99% de recibir una orden de deportación.

El temor también ha afectado a abogados defensores, algunos de los cuales solicitan audiencias remotas para proteger a sus clientes. En Nueva York, cerca de la mitad de esas solicitudes están siendo rechazadas.

Un entorno percibido como hostil desalienta la asistencia a la corte

Francis Madi, de la New York Immigration Coalition, trabaja con grupos comunitarios y voluntarios que monitorean audiencias de inmigración. Según ella, los voluntarios han observado un aumento significativo en deportaciones por inasistencia. Asegura que muchas personas evitan la corte debido al ambiente de intimidación generado por operativos de ICE y por políticas federales recientes.

Madi también reporta una disminución en el número de voluntarios que participan en observación judicial, lo que atribuye a tácticas de vigilancia e intimidación. Hizo un llamado a quienes deseen involucrarse a inscribirse como observadores.

Impacto desigual en vecindarios con alta población inmigrante

El informe señala que las deportaciones se concentran en vecindarios de los distritos exteriores con grandes comunidades inmigrantes, ingresos más bajos y acceso limitado a representación legal. En zonas de Queens como Corona, Richmond Hill y Jamaica, defensores han documentado un aumento de operativos de ICE en 2025, incluyendo arrestos en viviendas, detenciones en tribunales y acciones dirigidas en áreas con alta densidad de inmigrantes.

En los códigos postales con más deportaciones —especialmente Corona y South Richmond Hill— la mayoría de las personas deportadas entre enero y noviembre de 2025 eran de origen ecuatoriano o indio, reflejando tanto la composición demográfica como los patrones recientes de aplicación de la ley.

Crecen las salidas voluntarias sin comparecer ante un juez

El análisis también muestra un aumento del 204% en las llamadas “salidas voluntarias en ausencia”, en las que la persona acepta abandonar el país sin presentarse a una audiencia. Aunque se clasifican como voluntarias, Skorupa afirma que muchas personas se sienten presionadas a aceptar esta opción debido a detenciones prolongadas, retrasos en los tribunales y la falta de alternativas viables.

Cambios en la estrategia del Departamento de Seguridad Nacional

El informe identifica un giro en la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) maneja su carga de casos. En años anteriores, DHS solía ejercer discreción procesal para desestimar casos de baja prioridad. Desde principios de 2025, estas desestimaciones han disminuido drásticamente. En su lugar, los abogados del gobierno han presentado más mociones para reactivar casos inactivos y más solicitudes de pretermitir casos, lo que permite a un juez desestimar una solicitud de asilo sin una audiencia completa.

Casi un tercio del aumento en decisiones de pretermitir se concentra en cinco jueces de inmigración con largas trayectorias en el gobierno. Uno de ellos emitió más del 40% de todas las decisiones de este tipo en Nueva York, con una tasa de aprobación del 100%.

Preocupación por la llegada de jueces militares a los tribunales de inmigración

Skorupa anticipa que estas tendencias continuarán en 2026, incluyendo más ausencias en audiencias, más decisiones de pretermitir y más remociones de jueces actuales. También observa con atención la incorporación de jueces militares al sistema de inmigración, un cambio que ya se ha visto en algunas jurisdicciones.

Según Mobile Pathways, casi nueve de cada diez personas cuyos casos fueron escuchados por jueces militares recién nombrados perdieron sus solicitudes o fueron dirigidas hacia salidas voluntarias.

Skorupa considera probable que este cambio se expanda y que Nueva York sea incluida en los próximos anuncios.

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