El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para solicitantes provenientes de 75 países, una medida que entrará en vigor el 21 de enero y permanecerá activa de manera indefinida mientras se lleva a cabo una revisión integral de los procedimientos de evaluación y verificación consular.
La decisión forma parte de un esfuerzo más amplio por reforzar la aplicación de la normativa conocida como “carga pública”, que permite negar visas a personas consideradas susceptibles de depender de beneficios públicos.
Afecta África, Asia, Medio Oriente y América Latina
La suspensión abarca a naciones como Somalia, Rusia, Afganistán, Brasil, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen, entre otras. De acuerdo con un memorando interno del Departamento de Estado, la instrucción para los oficiales consulares es aplicar estrictamente la ley vigente y rechazar solicitudes mientras se realiza la reevaluación de los criterios de admisibilidad.
La medida surge en un contexto de mayor escrutinio hacia ciertos países, particularmente Somalia, tras un caso de fraude masivo descubierto en Minnesota relacionado con el uso indebido de programas de asistencia financiados por el gobierno federal.
Reforzamiento de la regla de “carga pública”
En noviembre de 2025, una comunicación oficial enviada a embajadas y consulados en todo el mundo ordenó aplicar nuevas pautas de evaluación bajo la disposición de “carga pública”. Estas instrucciones exigen a los oficiales consulares considerar factores como:
- Estado de salud
- Edad
- Dominio del inglés
- Situación financiera
- Historial de uso de asistencia pública
- Posible necesidad de cuidados médicos prolongados
Solicitantes mayores, con condiciones de salud que impliquen costos futuros o con antecedentes de asistencia gubernamental podrían ser considerados inadmisibles. Incluso el sobrepeso o la institucionalización previa pueden influir en la decisión.
Justificación de la medida
Un portavoz del Departamento de Estado señaló que la agencia está utilizando su autoridad histórica para impedir la entrada de inmigrantes que podrían convertirse en una carga para los contribuyentes estadounidenses. Según la declaración, la pausa permitirá revisar los procedimientos de procesamiento de visas con el fin de evitar la admisión de personas que pudieran depender de programas de asistencia pública.
La agencia anticipó que las excepciones a esta suspensión serán “muy limitadas” y solo se aplicarán a solicitantes que superen completamente la evaluación de carga pública.
Marco legal con larga historia
La disposición de carga pública existe desde hace décadas, pero su aplicación ha variado significativamente entre administraciones. En 2022, bajo la administración Biden, se limitó el alcance de los beneficios considerados, excluyendo programas como SNAP, WIC, Medicaid y vales de vivienda, y enfocándose principalmente en asistencia en efectivo y cuidados institucionales prolongados.
En 2019, el presidente Donald Trump amplió la definición para incluir un espectro más amplio de beneficios públicos, aunque partes de esa expansión fueron bloqueadas en tribunales antes de ser revertidas posteriormente.
Próximos pasos
La pausa en el procesamiento de visas permanecerá vigente hasta que el Departamento de Estado concluya su revisión interna. No se ha establecido una fecha límite para la finalización del proceso. Mientras tanto, miles de solicitantes de los 75 países incluidos enfrentarán retrasos indefinidos en sus trámites migratorios.
