La situación migratoria de aproximadamente 600.000 venezolanos en Estados Unidos continúa marcada por la incertidumbre, a pesar de una reciente decisión judicial que determinó que el gobierno actuó de manera ilegal al rescindir el Estatus de Protección Temporal (TPS). Organizaciones y abogados que representan a esta comunidad advirtieron que, mientras el caso sigue su curso, los beneficiarios aún enfrentan riesgos reales de detención y deportación.
Noveno circuito: Cancelación del TPS fue ilegal
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al TPS otorgado previamente por la administración Biden fue contraria a la ley. En su opinión, el juez Salvador Mendoza señaló que la orden “contradice” el estatuto aprobado por el Congreso y que la medida estuvo influenciada por animosidad racial hacia los venezolanos, lo que refuerza la ilegalidad del proceso.
Sin embargo, este fallo no se traduce en un alivio inmediato. En octubre, el Tribunal Supremo permitió que la cancelación del TPS entrara en vigor mientras el litigio continúa en una corte federal de California, lo que mantiene a miles de personas en un limbo migratorio.
Beneficiarios siguen en riesgo
Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Organizaciones de Trabajadores Jornaleros (NDLON), recordó que, pese a la victoria legal, los venezolanos amparados por el TPS “aún enfrentan” la posibilidad de ser detenidos o deportados. A su juicio, “la magnitud de la ilegalidad en nuestro sistema de inmigración en este momento es realmente difícil de comprender”.
De los 600.000 venezolanos afectados, 250.000 ya perdieron la protección en noviembre pasado, mientras que los otros 350.000 la perderán en octubre próximo si no se produce un cambio legal o administrativo.
Prevén que las deportaciones continuarán
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP) de la Universidad de California en Los Ángeles, quien argumentó el caso ante el Noveno Circuito, anticipó que el gobierno “sin duda seguirá deteniendo y deportando ilegalmente” a los beneficiarios venezolanos debido a la orden vigente del Tribunal Supremo, a la que calificó de “ilegal”.
El panorama se complica aún más ante la expectativa de que el gobierno apele la decisión del Noveno Circuito. El Tribunal Supremo, con una mayoría conservadora, ya respaldó previamente la postura de la administración en este caso.
Activistas mantienen la esperanza
A pesar del escenario adverso, líderes comunitarios insisten en que la organización y la presión pública pueden marcar la diferencia. José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, destacó que la comunidad mantiene la esperanza de lograr una resolución favorable. Recordó que la Alianza ya obtuvo una victoria importante cuando logró preservar el TPS para seis países después de que la administración Trump intentara eliminarlo en 2017.
Emi MacLean, abogada principal de la Fundación ACLU del Norte de California, afirmó que la eliminación del TPS para venezolanos y haitianos forma parte de un esfuerzo más amplio por desmantelar el programa. Según explicó, el TPS fue creado precisamente para limitar el poder discrecional del Ejecutivo y proteger a poblaciones vulnerables.
Organizaciones piden acción del Congreso
Los demandantes están representados por NDLON, las fundaciones de la ACLU del Norte y del Sur de California, el Centro de Derecho y Política Migratoria de UCLA y la Alianza Puente Haitiano, una coalición que ha liderado múltiples litigios en defensa del TPS.
José Palma subrayó que el Congreso tiene la capacidad de ofrecer una solución permanente para esta comunidad. “La justicia para nuestra comunidad exige nada menos”, afirmó, reiterando el llamado a una vía legislativa que otorgue estabilidad migratoria a cientos de miles de familias venezolanas.
