El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) continúa siendo, en 2026, la red de apoyo alimentario más grande del país, proporcionando beneficios mensuales a más de 40 millones de personas de bajos ingresos.
Su diseño, que combina legislación federal, políticas administrativas y decisiones estatales, ha permitido que el programa evolucione con las necesidades económicas y sociales del país. Sin embargo, este año marca un punto de inflexión: una serie de reformas federales y una ampliación significativa de la discreción estatal están redefiniendo quién puede recibir beneficios, cuánto reciben, cómo se administran los casos y qué alimentos pueden comprarse con la tarjeta EBT.
En conjunto, estos cambios anuncian un alejamiento de la uniformidad nacional y una transición hacia un sistema más fragmentado, donde la experiencia de los participantes dependerá cada vez más del estado en el que viven. Investigadores, defensores y responsables de políticas públicas seguirán de cerca cómo estas transformaciones afectan la participación, la seguridad alimentaria, los patrones de compra y la experiencia general de los beneficiarios.
Cómo funciona SNAP
Aunque SNAP suele describirse como un programa federal, en la práctica opera como una asociación entre el gobierno federal y los estados. El Congreso y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) establecen las reglas y financian los beneficios, mientras que los estados administran el programa día a día.
A nivel federal, el Congreso define los parámetros básicos: criterios de elegibilidad, fórmulas de cálculo de beneficios y requisitos laborales. El USDA, a través del Food and Nutrition Service (FNS), emite regulaciones, supervisa el cumplimiento estatal, aprueba a los comercios participantes y reembolsa los costos administrativos permitidos. Los beneficios, sin embargo, son financiados al cien por ciento por el gobierno federal.
Los estados, por su parte, determinan la elegibilidad, procesan solicitudes, calculan beneficios, emiten tarjetas EBT y gestionan los casos activos. También realizan actividades de divulgación, recertificaciones, investigaciones por fraude, audiencias de apelación y coordinación de programas de empleo y capacitación. Aunque la ley federal establece requisitos mínimos, los estados conservan amplia discreción en aspectos como reglas de reporte, verificaciones y uso de exenciones.
Este modelo genera diferencias significativas entre estados. Dos jurisdicciones que operan bajo la misma ley federal pueden ofrecer experiencias muy distintas a los participantes. Además, mientras el gobierno federal asume el costo total de los beneficios, los estados deben cubrir aproximadamente la mitad de los gastos administrativos, lo que los obliga a absorber costos adicionales cuando aumentan las exigencias federales.
Las exenciones federales también permiten variaciones. Históricamente, estas se utilizaban para flexibilizar requisitos laborales o responder a desastres. Desde 2025, el USDA amplió su uso para permitir que los estados restringieran ciertos alimentos que pueden comprarse con SNAP, otorgando aún más discreción a los gobiernos estatales.
Cambios aprobados en 2025 que entran en vigor en 2026
El Congreso aprobó en 2025 una serie de reformas que se implementarán gradualmente entre 2026 y principios de 2027. Entre los cambios más significativos se encuentran:
- Restricciones de elegibilidad para ciertos inmigrantes, incluidos refugiados y asilados, salvo que cumplan otros criterios.
- Expansión de los requisitos laborales para adultos de 18 a 54 años sin dependientes.
- Recalibración de los ajustes por costo de vida, lo que afectará el monto de los beneficios.
- Eliminación de SNAP-Ed, reduciendo drásticamente los fondos para educación nutricional.
- Mayor responsabilidad administrativa para los estados, que deberán asumir una proporción más alta de los costos de procesamiento, recertificación, personal y capacitación.
El gobierno federal también ha intensificado los esfuerzos de integridad del programa. Tras un aumento en los casos de robo de beneficios mediante skimming y fraudes asociados a tarjetas con banda magnética, se está acelerando la transición hacia tarjetas EBT con chip y sistemas de seguridad reforzados.
Financiamiento federal y estabilidad del programa
SNAP depende de asignaciones federales continuas para cargar mensualmente las tarjetas EBT. La vulnerabilidad de este modelo quedó en evidencia durante el prolongado cierre del gobierno en 2025, cuando varios estados no pudieron emitir nuevos beneficios al agotarse los fondos federales. Los hogares que ya habían utilizado su asignación mensual enfrentaron interrupciones en su capacidad de compra hasta que se restableció el financiamiento.
Aunque los estados administran el programa, no pueden sostener la entrega de beneficios sin fondos federales, lo que subraya el papel decisivo del gobierno federal en la estabilidad del sistema.
Restricciones estatales a alimentos permitidos
Por primera vez en la historia del programa, el USDA ha aprobado exenciones que permiten a los estados prohibir la compra de ciertos alimentos y bebidas considerados no nutritivos. Esta medida representa un giro respecto a décadas de rechazo bipartidista a propuestas similares, que se consideraban estigmatizantes, difíciles de implementar y con evidencia limitada de impacto nutricional.
Bajo la iniciativa Make America Healthy Again, el USDA ha alentado a los estados a solicitar estas exenciones. Entre los productos que pueden ser restringidos se encuentran bebidas azucaradas, dulces, bebidas energéticas y otros artículos.
Hasta finales de 2025, 18 estados han recibido aprobación para implementar estas restricciones en 2026: Arkansas, Colorado, Florida, Hawái, Idaho, Indiana, Iowa, Luisiana, Misuri, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Virginia Occidental.
Desafíos operativos para estados y comercios minoristas
La puesta en marcha de estas exenciones aprobadas por el USDA exige cambios operativos significativos tanto para los estados como para los comercios minoristas. Los establecimientos deben actualizar sus sistemas de punto de venta, bases de datos de inventario y archivos de elegibilidad de productos, además de capacitar a su personal para identificar artículos restringidos y manejar transacciones rechazadas.
Paralelamente, los estados deben supervisar el cumplimiento, realizar campañas de información para los participantes, atender apelaciones o quejas y coordinarse con los comercios para resolver errores del sistema. Todo esto ocurre mientras los estados también enfrentan nuevas cargas administrativas derivadas de requisitos laborales ampliados, cambios en el cálculo de beneficios y un mayor costo compartido.
Uno de los desafíos más complejos es la falta de definiciones uniformes para los alimentos restringidos. No existe una definición nacional única para “refresco”, “bebida azucarada” o “bebida endulzada” dentro de SNAP. Cada exención estatal determina qué productos se prohíben, ya sea mediante categorías amplias, interpretaciones específicas del estado o listas detalladas basadas en códigos UPC.
Programa cada vez más fragmentado entre estados
Esto significa que un producto prohibido en un estado puede seguir siendo elegible en otro, incluso si para los consumidores parecen idénticos. Esta variabilidad complica el cumplimiento para los comercios y aumenta el riesgo de confusión en la caja, especialmente para cadenas que operan en múltiples estados.
Aunque el USDA ha emitido lineamientos generales, muchos detalles de implementación quedan en manos de los estados. En algunos casos, la orientación sobre clasificación de productos ha sido insuficiente, dejando a los comercios con dudas. Las cadenas nacionales y regionales deben gestionar reglas superpuestas y, a veces, contradictorias, lo que incrementa la complejidad administrativa.
Para los participantes de SNAP, los efectos más inmediatos se sentirán durante las compras habituales. Las transacciones con EBT podrían ser rechazadas para artículos que antes eran elegibles, lo que obligará a modificar hábitos de compra y, en ocasiones, podría generar confusión o incomodidad en el punto de venta. La experiencia variará según las decisiones estatales, la preparación de los comercios y la eficacia de la comunicación pública, incluyendo señalización, avisos y materiales informativos.
A medida que estas exenciones entren en vigor, SNAP funcionará menos como un programa nacional uniforme y más como un mosaico de reglas estatales sobre el uso de beneficios. Los hogares que se muden entre estados, compren en zonas limítrofes o utilicen cadenas nacionales podrían enfrentar definiciones distintas de elegibilidad alimentaria, fragmentando aún más la experiencia del participante.
En conjunto, estos desafíos muestran cómo las decisiones estatales, la capacidad operativa de los comercios y la orientación federal se entrelazan para moldear el impacto real de SNAP. El año 2026 será una prueba clave para evaluar si las restricciones de compra pueden implementarse sin afectar el acceso, la dignidad o la participación, y para observar cómo la complejidad administrativa influye en los hogares y en los sistemas encargados de atenderlos.
