Una nueva orden ejecutiva que estaría próxima a entrar en vigor podría cambiar de manera significativa los requisitos que los bancos imponen a sus clientes en Estados Unidos. Según declaraciones recientes del secretario del Tesoro, Scott Bessent, las instituciones financieras podrían comenzar a solicitar información sobre ciudadanía o estatus migratorio, una medida que ha generado preocupación entre expertos y organizaciones debido a su posible impacto en millones de personas.
Una orden ejecutiva que ampliaría los requisitos bancarios
Actualmente, los bancos solo requieren documentos que verifiquen la identidad de una persona al momento de abrir una cuenta. Sin embargo, la orden ejecutiva mencionada obligaría a las entidades financieras a solicitar información adicional, incluyendo si el cliente es residente permanente, ciudadano naturalizado o si se encuentra en el país bajo una visa.
La propuesta ha sido respaldada por algunos legisladores republicanos. Entre ellos, el senador Tom Cotton presentó un proyecto de ley para que los bancos adheridos al Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) soliciten a sus clientes información sobre su estatus migratorio como parte de los requisitos de apertura y mantenimiento de cuentas.
Impacto potencial en personas sin documentos
En la actualidad, muchas personas sin estatus migratorio regular pueden abrir cuentas bancarias utilizando un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) u otros documentos aceptados. Esto les permite participar en el sistema financiero, recibir pagos, pagar impuestos y evitar depender exclusivamente del uso de efectivo.
Expertos han advertido que, si se implementa una medida como la propuesta, miles de personas podrían quedar excluidas del sistema bancario. Esto no solo afectaría su seguridad financiera, sino que también podría reducir la recaudación fiscal, ya que muchas de estas personas pagan impuestos a través del ITIN.
Costos y carga administrativa para los bancos
Además del impacto social, la medida podría generar una carga significativa para las instituciones financieras. Un análisis del American Action Forum estimó que un requisito de verificación de ciudadanía podría añadir entre 30 y 70 millones de horas de papeleo para los bancos.
El costo económico también sería considerable: entre 2,600 millones y 5,600 millones de dólares, según el mismo análisis. El informe señala que verificar únicamente las cuentas nuevas sería “la punta del iceberg”, ya que no existen detalles claros sobre cómo se verificarían las cuentas ya existentes, lo que podría multiplicar los costos y la complejidad operativa.
Reacciones y preocupaciones en el sector financiero
La falta de claridad sobre los procedimientos, los plazos y los criterios de verificación ha generado inquietud entre analistas y organizaciones de defensa de consumidores. Algunos expertos han advertido que la medida podría crear barreras innecesarias para millones de personas que dependen del sistema bancario para manejar sus finanzas cotidianas.
Además, la implementación de un proceso de verificación masiva podría generar retrasos, errores y dificultades para los bancos, especialmente para instituciones pequeñas o comunitarias con menos recursos administrativos.
La posible entrada en vigor de una orden ejecutiva que obligue a los bancos a recopilar información sobre el estatus migratorio de sus clientes plantea interrogantes sobre su impacto económico, social y operativo. Mientras algunos legisladores apoyan la medida como parte de un enfoque más estricto en materia migratoria, expertos advierten que podría excluir a miles de personas del sistema financiero y generar costos significativos para las instituciones bancarias.
A la espera de detalles oficiales, el debate continúa y las implicaciones podrían sentirse en todo el país.
