Las negociaciones internas sobre legislación de inmigración en Albany entraron en un punto muerto luego de que la gobernadora Kathy Hochul presentara una nueva propuesta que limitaría la colaboración informal entre policías locales y autoridades federales de inmigración únicamente en casos civiles. La medida, según legisladores y defensores que han seguido de cerca las conversaciones, mantendría un margen amplio para que la policía comparta información con ICE o CBP cuando considere que existe actividad criminal.
Fuentes legislativas y organizaciones involucradas en las discusiones señalaron que la propuesta fue recibida con rechazo, ya que no responde a las demandas de ampliar protecciones para inmigrantes y deja amplias facultades a los agentes locales para decidir cuándo coordinar con autoridades federales.
Un debate marcado por meses de tensiones
La propuesta surgió tras cuatro meses de negociaciones tensas entre el Ejecutivo y legisladores que impulsan el proyecto New York for All, una iniciativa que busca establecer protecciones más amplias y limitar la cooperación con agencias federales de inmigración. La gobernadora, por su parte, ha defendido una postura más acotada, enfocada en prohibir acuerdos formales entre policías locales y autoridades federales, aun cuando gran parte de la colaboración ocurre de manera informal.
De acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones, la propuesta más reciente de la gobernadora fue retirada del borrador legislativo esta semana, lo que podría dejar el texto final más cercano a la versión inicial presentada por el Ejecutivo.
Preocupaciones sobre el alcance de la discreción policial
La propuesta anterior de la gobernadora, presentada el 16 de abril, exigía que la policía estableciera causa probable antes de compartir información con autoridades federales. Sin embargo, la versión más reciente eliminaba ese requisito, lo que generó inquietud entre legisladores y defensores, quienes consideran que permitiría a los agentes notificar a ICE o CBP basándose únicamente en su criterio sobre si investigan un posible delito, incluso uno menor.
Organizaciones de defensa de inmigrantes advirtieron que esta discreción podría traducirse en notificaciones frecuentes a autoridades federales, afectando a personas que no han cometido delitos graves o que simplemente están involucradas como testigos o víctimas.
Respuesta del Ejecutivo y resistencia legislativa
La oficina de la gobernadora defendió su propuesta afirmando que busca equilibrar la seguridad pública con la protección de derechos constitucionales, y que los cambios introducidos responden a solicitudes de la Legislatura. Sin embargo, legisladores consultados expresaron que preferirían abandonar un acuerdo antes que aceptar la versión más reciente.
Según una de las fuentes legislativas, no existe un escenario en el que la versión actual de New York for All sea incluida en el presupuesto, y la gobernadora habría señalado que no está dispuesta a avanzar más allá de lo ya propuesto.
Un cierre incierto para una negociación clave
Con la propuesta retirada del borrador y las posiciones distantes, el futuro de la legislación permanece incierto. Mientras defensores y legisladores insisten en la necesidad de protecciones más amplias, el Ejecutivo busca cerrar las negociaciones con un enfoque más limitado. El resultado final podría definir el alcance de la cooperación entre autoridades locales y federales en materia de inmigración para los próximos años.
