Una serie de documentos desenterrados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), alarmó a la población general en Estados Unidos, ya que señala que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizó datos de ubicación móvil para rastrear los movimientos de las personas.
De hecho, no es primera vez que ocurre esta violación de datos y privacidad, ya que a principios de 2020, un informe del Wall Street Journal reveló que tanto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) compraron acceso a los datos de ubicación de millones de usuarios de teléfonos inteligentes para rastrear a los inmigrantes indocumentados y presuntos evasores de impuestos.
Sin embargo, los nuevos documentos obtenidos por la ACLU a través de una demanda en curso de la Ley de Libertad de Información (FOIA) ahora revelan el alcance de esta recopilación de datos sin orden judicial. Los más de 6,000 registros revisados por la organización de derechos civiles contenían aproximadamente 336,000 puntos de ubicación en toda América del Norte obtenidos de los teléfonos de las personas.
También revelan que en solo tres días en 2018, CBP obtuvo registros que contenían alrededor de 113,654 puntos de ubicación en el suroeste de los Estados Unidos, más de 26 puntos de ubicación por minuto.
