Los propietarios que deseen conectar líneas de gas natural en viviendas nuevas deberán asumir pronto el costo total de la instalación. La medida marca un cambio significativo en la forma en que se financian estas conexiones en el estado.
Fin de una política vigente por décadas
El cambio se produce tras la firma de una nueva ley por parte de la gobernadora Kathy Hochul, que deroga la llamada regla de los 100 pies. Esta disposición, vigente desde hace décadas, obligaba a las empresas de servicios públicos a cubrir sin costo la conexión de nuevos edificios siempre que estuvieran ubicados a menos de 100 pies de una tubería principal de gas. Quienes respaldan la reforma sostienen que esos gastos terminaban distribuyéndose entre los demás usuarios del sistema.
Hochul defendió la decisión argumentando que no es razonable que los clientes actuales deban financiar la conexión de viviendas nuevas, especialmente en un contexto económico difícil. Según la gobernadora, eliminar este subsidio, que considera obsoleto, forma parte de su agenda para mejorar la asequibilidad en el estado.
Impacto económico y argumentos ambientales
Las estimaciones indican que el costo de una conexión oscila entre 2,500 y 10,000 dólares por vivienda. De acuerdo con Environmental Advocates New York, la eliminación de la regla podría traducirse en un ahorro anual de 200 millones de dólares para los consumidores. La organización también afirma que la medida acerca al estado a sus metas climáticas y podría incentivar a más propietarios a optar por servicios energéticos con menores emisiones.
Objeciones y preocupaciones sobre la asequibilidad
No todos ven la reforma con buenos ojos. Algunos críticos consideran que la nueva ley representa un golpe a la asequibilidad y que libera a las empresas de servicios públicos de responsabilidades que antes asumían. La senadora Patricia Canzoneri-Fitzpatrick advirtió en una carta enviada a Hochul que, sin esta regla, familias y pequeños negocios podrían enfrentar costos inesperados de miles de dólares solo para acceder a servicios básicos de calefacción y energía. Para la legisladora, trasladar estos gastos a los usuarios no constituye una solución climática.
Entrada en vigor y tendencia nacional
La ley entrará en vigor dentro de 12 meses y coloca a Nueva York en línea con otros cinco estados —California, Massachusetts, Colorado, Maryland y Oregón— que ya han adoptado medidas similares. El cambio refleja una tendencia creciente a revisar los incentivos relacionados con combustibles fósiles y a replantear quién debe asumir los costos de infraestructura energética.
