Los abogados que buscan salvar un programa del presidente Barack Obama que protege de la deportación a miles de personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños argumentaron ante un tribunal federal de apelaciones que poner fin a la disposición cambiaría insensiblemente la vida de miles. de personas que se han convertido en contribuyentes y ayudan a dinamizar la economía del país.
n abogado de Texas, el estado que lidera un esfuerzo para terminar con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), ha alegado que los beneficiarios le han costado a la entidad cientos de millones de dólares en atención médica y otros costos.
Esos puntos de vista contradictorios se plantearon ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans cuando más de 100 partidarios de DACA afuera sostenían carteles, golpeaban tambores y coreaban consignas, exigiendo la preservación del programa que ha protegido a más de 600,000 personas de la deportación. y proporciona a los inmigrantes un camino hacia la naturalización.
“Soy indocumentada y hoy hablaré claro”, afirmó Woojung “Diana” Park, de 22 años, de Nueva York. Dijo que la trajeron a Estados Unidos desde Corea del Sur cuando tenía 1 año. El DACA, dijo, “es lo estrictamente mínimo que el gobierno estadounidense ha ofrecido a las comunidades de inmigrantes tras décadas de lucha por los derechos humanos elementales».
Un juez federal en Texas declaró ilegal DACA el año pasado, pero acordó mantenerlo en su forma actual para aquellos que ya se benefician mientras continúan las apelaciones de su fallo.
El Departamento de Justicia defiende el programa junto con el estado de Nueva Jersey, organizaciones activistas como el Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés), y una coalición de docenas de grandes empresas —Amazon, Apple, Google y Microsoft, entre otras_, según las cuales los beneficiarios del DACA son “empleados, consumidores y creadores de empleos”.
Texas, al que se han sumado otros ocho estados de tendencia republicana, alega que el DACA fue implementado sin pasar por los debidos canales legales y administrativos, entre ellos que se avisara al público y se estableciera un período para recibir comentarios. Además, los estados alegan que han sufrido perjuicios económicos debido a la permanencia ilegal de inmigrantes en el país.
Los defensores del DACA aseguran que el programa cae dentro de las facultades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de establecer prioridades a la hora de hacer cumplir las leyes de inmigración. “El DHS tiene recursos limitados”, alegó Brian Boynton, del Departamento de Justicia. “Carece de la capacidad para expulsar a 11 millones de personas en el país. Tiene que decidir a quiénes va a detener primero».
En persona y en escritos ante la corte, los defensores del DACA han argumentado que Texas restó fuerza a su reclamo de perjuicio financiero al esperar seis años para impugnar el programa. También dijeron que el estado ignora la evidencia de que los beneficiarios del DACA reducen los costos que Texas tiene que pagar porque muchos tienen empleos con prestaciones médicas, son propietarios de casas y pagan impuestos a la propiedad que se destinan a la financiación de escuelas.
Dijeron además que Texas tampoco ha mostrado que los beneficiarios del DACA saldrían del estado en caso de que el programa sea revocado. Ese punto fue recibido con escepticismo por el juez James Ho, quien subrayó que, según una encuesta incluida en los argumentos de Nueva Jersey, más de 20% de los beneficiarios del DACA respondieron que probablemente se marcharían si se aboliera el programa.
