Mientras no haya una decisión permanente, “seguiremos esperando en el limbo” un fallo sobre el futuro del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de 2012 (DACA), dice José Muñoz, director de comunicaciones de United We Dream (UWD).
El programa, creado durante el gobierno de Barack Obama, otorga a poco más de 610,000 jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos (antes de los 16 años), un amparo de deportación y una autorización de empleo renovable cada dos años.
Las solicitudes de otros 82,000 que nunca se habían acogido al programa fueron recibidas por el gobierno, pero el servicio de inmigración no las procesó ni adjudicó por orden judicial.
DACA fue demandado por un grupo de nueve estados liderados por Texas (todos gobernados por republicanos), quienes alegan que es ilegal porque el gobierno violó la ley de inmigración sin la autorización del Congreso cuando otorgó beneficios a inmigrantes indocumentados.
Batalla judicial
En julio del 2021 una corte federal de distrito del sur de Texas, en Houston, permitió que los beneficiarios de DACA dictaminó que el programa era ilegal, pero permitió que los beneficiarios siguieran renovando sus amparos de deportación y permisos de trabajo, al menos de manera temporal.
Mientras tanto, el gobierno de Joe Biden anunció un nuevo reglamento de DACA, de 453 páginas, como parte de una estrategia para reparar los errores del plan original y restar méritos a la demanda presentada por el grupo de estados republicanos.
Entre los reclamos, los demandantes alegaron que el reglamento de DACA original permitió un plazo legal de cometario público, tal como lo estipula la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
La corrección hecha por Biden nueve años más tarde abrió la puerta para que los tribunales de justicia observaran el cambio y detuvieran, por ahora, una sentencia final sobre el programa.
En octubre, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito con sede en Nueva Orleans, así lo consideró y avaló el fallo preliminar de Hanen, ordenando al tribunal inferior que revisara en su totalidad el nuevo reglamento antes de emitir un fallo definitivo. Y que mientras tanto los dreamers favorecidos por el programa continúen renovando sus amparos de deportación y autorizaciones de empleo, excepto aquellos que no se habían registrado antes.
En su dictamen, la corte basada en Nueva Orleans determinó en su sentencia que «los demandados (el gobierno) no han demostrado que existe una probabilidad de que tengan éxito en los méritos». Además, también los jueces del panel de apelaciones reconocieron que «DACA ha tenido profunda importancia para los destinatarios y muchos otros en los diez años transcurridos desde su entrada en vigor» el 15 de junio de 2012”.
“Ahora esperamos la celebración de una segunda audiencia”, dice Muñoz. “Pero como le dije, estamos en un limbo, el programa permanece en un limbo jurídico y nadie sabe qué sucederá el día de mañana con nuestros futuros”.
En la segunda audiencia mencionada por Muñoz los abogados de ambas partes entregarían más argumentos basados, esta vez. en el nuevo reglamento de DACA publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de 453 páginas.
“Confiamos en que, esta vez, desaparecerán las lagunas existentes en la regla original y el juez (Hanen) permita que el programa siga vivo”, agrega Muñoz. Pero los dreamers no dejan de lamentar que el Congreso en estos 10 años no hayan aprobado una ley bipartidista que les otorgue un estatus de permanencia temporal (green card).
El Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), al igual que UWD, aguarda la fecha y hora de celebración de una nueva audiencia en la corte de Brownville. La organización ha reiterado su apoyo a los dreamers y al programa, indicando que “continuará en los tribunales defendiendo” el beneficio migratorio.
penas asomó un par de semanas y murió por falta de apoyo bipartidista. Se trató de un plan migratorio bipartidista encabezado por los senadores Kyrsten Zinema (independiente por Arizona, ex demócrata) y Thomas Tillis (republicano por Carolina del Norte).
La iniciativa de ley, que contaba con el respaldo del conservador sindicato de la Patrulla Fronteriza, propuso invertir en la contratación de nuevos agentes fronterizos, continuar con la construcción del muro iniciado durante el gobierno de Donald Trump, aumentar los salarios de los agentes actuales para evitar renuncias, aumentar la dotación de agentes de asilo del servicio de inmigración en la frontera, destinar nuevos fondos a la seguridad fronteriza y clarificar el proceso de asilo, entre otras medidas.
En cuanto al Título 42, activado en marzo de 2020 por la pandemia y que permite la deportación expedita de extranjeros (más de 2.7 millones en casi tres años), el plan recomendaba suspender la entrada de ciertas personas al país por un año e incentivar la presentación de casos de asilo en puertos de entrada, algo similar a lo realizado durante el gobierno anterior.
El proyecto de ley incluía además la aceleración de los procesos de asilo (incluyendo las entrevistas de miedo creíble) y desalentar la entrada indocumentada “utilizando procedimientos de expulsión acelerados”. Y agregaba inversiones en alternativas para “operaciones de detención y deportación para garantizar que los solicitantes de asilo comparezcan para su día en la corte”.
Al término de los capítulos relacionados con la seguridad fronteriza, el borrador incluía un camino hacia la ciudadanía para aproximadamente 2 millones de dreamers, limitado a
personas con presencia continua en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2018, tenían menos de 18 años cuando ingresaron al país y no tenían más de 38 años el 15 de junio de 2012.
Que renueven los permisos
Mientras el proceso judicial sigue en curso, United We Dream (UWD) recomienda a todos aquellos dreamers beneficiarios de DACA que continúen renovando sus protecciones de deportación y permisos de trabajo.
“No lo dejen para última hora. Quienes califiquen y la fecha de expiración de sus permisos (de empleo) esté cerca, llene los formularios correspondientes y envíenlos. No lo dejen para último momento”, dice Muñoz.
Tanto UWD como e servicio de inmigración (USCIS) recomiendan que las renovaciones deben hacerse 150 días antes del vencimiento del permiso de trabajo. USCIS tiene un acumulado que sobrepasa los 2 millones de formularios y registra demoras de varios meses para el procesamiento y entrega de documentos de renovación.
Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes advierten que en algunos casos la agencia federal demora más de cinco meses en enviar una nueva autorización de empleo.
Abogados consultados por Univision Noticias indicaron que en caso de duda o si el dreamer estima que no cumple con los requisitos de renovación del programa, “busque consejo legal antes de entrar en contacto con el gobierno”.
