El 31 de de mayo entra en vigor la regla que otorgará poderes discrecionales temporales a agentes de asilo del servicio de inmigración para otorgar el beneficio. Tarea esta que hasta ahora sólo era administrada por los jueces de inmigración.
A menos de una semana de entrar en efecto, la administración Biden anunció que la próxima semana entrará en vigor una regla provisional que otorga poderes extraordinarios a los agentes de asilo del servicio de inmigración para conceder este beneficio legal disponible en la frontera con México.
La nueva política, denominada Norma Final Provisional de Asilo, fue anunciada el 24 de marzo como parte de la estrategia que desmantelaría el Titulo 42 a partir de esta semana, pero una corte federal de Louisiana impidió su levantamiento tras una demanda entablada por una veintena de estados gobernados por republicanos.
“Los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ) están estableciendo un proceso justo y eficiente para manejar las solicitudes de asilo en nuestras fronteras”, dijo Alejandro Mayorkas, jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos en un comunicado.
La regla provisional autoriza a los oficiales (agentes) de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), quienes evaluarán cada caso que se presenta en la frontera con México a partir del 31 de mayo, “a considerar las solicitudes de asilo de personas sujetas a expulsión acelerada que afirmen miedo de persecución o tortura, y pasen la evaluación de temor creíble requerida”.
Hasta ahora los casos de asilo son decididos únicamente por jueces de inmigración dentro de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (Corte de Inmigración -EOIR-) del Departamento de Justicia (DOJ).
Pero debido a los retrasos judiciales existentes, “el proceso para conocer y decidir estos casos de asilo actualmente toma varios años en promedio”, indicaron ambos ministerios.
A finales de abril la EOIR tenía acumulados más de 1.7 millones de casos y unos 600 jueces activos. En promedio, advierten abogados, cada expediente puede demorar entre 3 a 4 años en ser resuelto.
Mayorkas aseguró que las personas que reúnan los requisitos para el asilo “recibirán protección más rápidamente, y las que no reúnan los requisitos serán expulsadas rápidamente en lugar de permanecer en Estados Unidos durante años mientras sus casos están pendientes”.
“Estamos impartiendo justicia rápidamente, al mismo tiempo que garantizamos el debido proceso migratorio”, apuntó.
Pero abogados consultados por Univision Noticias no están convencidos que el plan vaya a dar resultados inmediatos o a mediano plazo. “De una manera temporal ayudará, pero no sabemos cuánto tiempo demorarán los oficiales de la oficina de asilo político de USCIS en tomar decisiones”, dijo Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego.
“De acuerdo con la regla, primero los casos van a pasar por la oficina de asilo político, pero eso no significa que será un gran alivio debido al alto número de casos pendientes en la Corte” (de inmigración), indicó.
“Es posponer no inevitable. Por el momento, en lugar que vayan directamente con el juez, ahora van a pasar por la oficina de asilo político. ¿Cuánto tiempo durarán ahí? Temo que se vaya a generar una nueva cola, pero esta vez de casos no aprobados por los agentes de asilo de la USCIS”, puntualizó.
Los beneficiarios
El nuevo protocolo de asilo estipula que las personas que reciban una determinación positiva de temor creíble “recibirán una entrevista oportuna con un oficial de asilo de USCIS para obtener toda la información relevante y útil sobre su solicitud de asilo”.
Luego de una entrevista, USCIS decidirá si otorga asilo y, si es necesario, “determinará la elegibilidad del solicitante para la retención de deportación o protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT)”.
La regla provisional también advierte que cualquier persona a la que USCIS “no le otorgue asilo, será remitida a un procedimiento de deportación ante un juez de inmigración”.
La norma establece procedimientos simplificados para estos procedimientos de remoción, diseñados para promover la resolución eficiente del caso.
El gobierno ha enfatizado que “la nueva regla de asilo no se aplicará a los niños (menores) no acompañados y solo se aplicará a las personas que se encuentran en procedimientos de deportación acelerada en o después de su fecha de vigencia”.
Agrega que la nueva política provisional de asilo “se implementará en fases , comenzando con un número limitado de personas y luego ampliándose a medida que la División de Asilo de USCIS (oficina de asilo político) reciba recursos adicionales y desarrolle capacidad de respuesta”.
“Será una espada de doble filo”, dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Le darán más autoridad a los agentes de asilo para aprobar, referir o negar casos. Es obvio que ayudará, pero puede haber abuso de poder. Estaremos observando de cerca cómo utilizarán este poder temporal discrecional”, advirtió.
Demanda pendiente
Mientras avanzan los preparativos de implementación de la Norma Final Provisional de Asilo, tanto el DOJ como el DHS aguardan expectantes un fallo sobre una demanda entablada el 13 de mayo por Arizona y una veintena de estados gobernados por republicanos para que un juez detenga su implementación.
El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, «está solicitando al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Louisiana que posponga la fecha de entrada en vigor de la Norma Final Provisional de Asilo o que otorgue una Orden Judicial Preliminar a nivel nacional” para frenar su implementación, se lee en un comunicado.
Brnovich sostiene que la nueva política “elimina en gran medida a los jueces federales de inmigración del proceso de revisión de asilo y, en cambio, otorga a los oficiales de asilo dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una autoridad sin precedentes para otorgar asilo a los inmigrantes de forma absoluta”.
La corte presidida por Brnovich es la misma que detuvo el desmantelamiento del Título 42, una política de salud pública activada por la pandemia en marzo del 2020 y que a la fecha ha permitido la deportación acelerada de unos 2 millones de inmigrantes que venían en busca de asilo.
En caso la corte falle a favor de la demanda y detenga su implementación, “en la frontera seguiremos viendo el mismo escenario, donde son los jueces quienes toman la decisión de los casos de asilo”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
