Una veintena de estados republicanos demandaron la nueva política humanitaria anunciada el 5 de enero por la Casa Blanca que permite la entrada al país de hasta 30,000 inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La demanda alega que el gobierno ha creado efectivamente un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso, bajo el pretexto de impedir que los extranjeros crucen ilegalmente la frontera entre puertos de entrada.
La primera semana de enero el presidente Biden anunció la creación de un nuevo programa migratorio en la frontera para frenar el ingreso ilegal de inmigrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses, quienes a partir de esa fecha sólo pueden hacerlo mediante un patrocinador estadounidense o que tenga un estatus de permanencia legal en Estados Unidos.
Los tres países fueron agregados a una lista en la que desde octubre del año pasado se encontraba Venezuela y desde abril Ucrania.
Los ciudadanos de esos cinco países que no cumplan con el requisito de patrocinio y traten de ingresar entre puertos de entrada sin un permiso previo, son deportados de manera expedita bajo el Título 42 por razones de seguridad sanitaria debido a la pandemia del COVID-19, señala el programa.
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Los beneficiarios del plan sólo podrán ingresar a Estados Unidos en avión y recibirán un permiso de estadía legal de dos años, además de calificar para una autorización de empleo temporal por el mismo período de tiempo. Al término de ese plazo quienes no hayan ajustado su permanencia permanente bajo cualquier beneficio migratorio disponible deberán salir del país.
Los demandantes señalan en el escrito que el poder de libertad condicional del DHS “es excepcionalmente limitado” y ha sido restringido por el Congreso “varias veces y puede usarse solo caso por caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo».
A pesar de estas limitaciones, los estados contrarios al programa señalan que “el plan del DHS permite que extranjeros en sus países de origen puedan obtener una autorización anticipada para ingresar a Estados Unidos, a pesar de que no haya otra base legal para que lo hagan”.
“El programa de libertad condicional establecido por el DHS falla en cada uno de los tres factores limitantes de la ley. No es caso por caso, no es para urgencia por razones humanitarias y no promueve ningún beneficio público significativo”, se lee en el escrito.
E insiste en que el plan de Biden “equivale a la creación de un nuevo programa de visas que permite a cientos de miles de extranjeros (unos 36,000 al año) a entrar a Estados Unidos que de otro modo no tienen ninguna base para hacerlo. Esto es una burla y no sigue los límites establecidos por el Congreso”, argumentan.
Los demandantes
En la demanda participan los estados de Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia y Wyoming.
“Todos los estados de Estados Unidos, especialmente los estados fronterizos como Texas, están siendo aplastados por el impacto de la inmigración ilegal”, dijo Ken Paxton, fiscal general de Texas.
“La agenda de fronteras abiertas de Biden ha creado una crisis humanitaria que está aumentando el crimen y la violencia en nuestras calles, abrumando a las comunidades locales y empeorando la crisis de los opiáceos”, indicó, pero sin aprobar pruebas de esas afirmaciones.
Paxton dijo además que “este programa de amnistía ilegal, que invitará a cientos de miles de extranjeros a Estados Unidos cada año, solo empeorará drásticamente esta crisis de inmigración”. Y precisó que el erl nuevo plan migratorio de Biden “crea ilegalmente un camino de facto hacia la ciudadanía para cientos de miles de extranjeros”.
Tanto Texas como el resto de los estados republicanos que participan en la demanda, se oponen a la política migratoria de Biden y presionan por imponer la política migratoria de ‘tolerancia cero’ que rigió durante el gobierno presidido por Donald Trump.
El mismo grupo ha demandado otras políticas similares de Biden, entre ellas el término del Título 42 y las prioridades de deportación del DHS, revisión que se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia, instancia que emitirá un a decisión en el verano.
