Refugiados que fueron admitidos legalmente en Estados Unidos podrían ser arrestados si aún no han obtenido la residencia permanente, según una nueva directriz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La medida, descrita en documentos judiciales presentados el miércoles, representa un cambio significativo respecto a políticas anteriores y forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para intensificar el escrutinio sobre inmigrantes con estatus aprobado.
Directriz exige detención obligatoria tras el primer año
El memorando, emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), establece que los agentes de inmigración deberán detener a los refugiados que no hayan solicitado la residencia permanente después de un año de vivir en el país. Una vez detenidos, los refugiados serían “inspeccionados y examinados para admisión a Estados Unidos”, un proceso cuyo plazo no está claramente definido. El documento señala que la detención duraría “el tiempo razonable necesario” para reexaminar cada caso.
Estrategia más amplia para restringir vías legales
La política se suma a una serie de medidas recientes dirigidas a refugiados y solicitantes de estatus legal. El mes pasado, el DHS anunció la revisión de miles de casos de refugiados en Minnesota, obligándolos a someterse a nuevas entrevistas y verificaciones de antecedentes en medio de un aumento de operativos federales en el estado.
En las semanas siguientes, al menos 100 refugiados fueron arrestados en Minnesota y trasladados a centros de detención en Texas para entrevistas adicionales, según abogados, familiares y líderes comunitarios. Un juez federal ordenó posteriormente detener estas detenciones y deportaciones, y exigió la liberación inmediata de quienes habían sido retenidos para reexaminar sus casos. Este jueves, otro juez evaluará si extiende esas protecciones temporales.
Reducción del número de refugiados admitidos
La orden judicial llega en un contexto en el que la administración Trump redujo drásticamente el límite anual de admisión de refugiados. En octubre, el tope se fijó en 7,500 para el año fiscal en curso, muy por debajo del límite de 125,000 establecido el año anterior. Funcionarios federales también indicaron que se priorizarían cupos para refugiados procedentes principalmente de Sudáfrica.
Revocación de una política de la era Obama
La nueva medida anula un memorando emitido durante la administración Obama, que había determinado que no solicitar la residencia permanente dentro del primer año no constituía motivo suficiente para detener o deportar a un refugiado. USCIS defendió la nueva política afirmando que la ley exige revisar el estatus de los refugiados después de su primer año en el país.
Críticas de expertos y organizaciones
Especialistas en políticas migratorias cuestionaron la interpretación del gobierno. Sarah Pierce, exanalista de USCIS y actual directora de política social en el centro de estudios Third Way, señaló que la directriz parece asumir que el gobierno está obligado a detener a refugiados sin residencia permanente, algo que calificó como una interpretación extrema. Pierce también advirtió que la pausa impuesta por la administración Trump a solicitudes de inmigración provenientes de países incluidos en la prohibición de viaje dificultaría aún más que algunos refugiados obtengan la residencia.
Justificación oficial y preocupaciones sobre seguridad
Funcionarios federales argumentaron que la nueva política es necesaria para identificar a personas con antecedentes criminales graves, detectar posibles riesgos de seguridad nacional y evitar que refugiados obtengan estatus legal mediante fraude.
Reacción inmediata de organizaciones humanitarias
Grupos que brindan asistencia a refugiados condenaron rápidamente la medida, advirtiendo que podría despojar de protección legal a personas que ya habían sido rigurosamente evaluadas antes de ser admitidas en el país. También anticiparon un aumento en deportaciones como resultado de esta política.
“La administración está dispuesta a llegar hasta el extremo para intimidar a las comunidades refugiadas —y a todos los inmigrantes— mientras pasa por encima de nuestros derechos constitucionales”, afirmó Laurie Ball Cooper, vicepresidenta de programas legales en Estados Unidos del International Refugee Assistance Project.
Impacto potencial en recién llegados
Organizaciones defensoras de inmigrantes señalaron que la directriz afectaría principalmente a refugiados que han llegado recientemente. Solo en el año fiscal 2024, más de 100,000 refugiados fueron admitidos en Estados Unidos, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
