El poder delegado, extraordinario, otorgado por el gobierno a fiscales de ICE para que administrativamente puedan cerrar o terminar los casos de deportación, también reabrirlos, y con ello proceder , “no está ajeno a las estafas” cometidas por notarios o gestores.
“Tal vez no exista mucha posibilidad de una estafa toda vez que el trámite se tiene que hacer directamente con la Fiscalía de ICE. Sin embargo, como no todos lo saben, las personas pueden ser víctimas fáciles y caer en manos de gente que no está, ni autorizada, ni tiene conocimiento acerca de cómo es el proceso”. Explica un abogado especialista en inmigración.
Una vez que se ha revisado el expediente de un inmigrante y se ha concluido que se tiene base para solicitar a la fiscalía un cierre administrativo o terminar un caso de deportación, es necesario la participación de un abogado que sepa como negociar con ICE. Además, la oficina de la fiscalía de ICE no acepta notarios o gestores, sólo expertos con licencia en esa materia de detención y deportación.
Los elegibles
Con fecha 3 de abril de 2022, Kerry Doyle, Asesora Legal Principal de la Oficina Legal Principal de ICE (OPLA), envió un memorando a los fiscales bajo su mando para tomar ciertas decisiones relacionadas con algunos casos de deportación en la Corte de Inmigración (EOIR).
En dicho documento la asesora Doyle instruye a los fiscales de ICE a actuar favorablemente en los casos de inmigrantes que el gobierno no considere prioridad para la aplicación de la ley de inmigración.
Dicha actuación se conoce como discreción procesal, un componente importante de cualquier trabajo de aplicación de la ley.
“La idea es simple”, explica Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que durante 15 años fungió como Fiscal de Inmigración para el Departamento de Justicia (DOJ). “..El hecho de que el gobierno pueda castigar a alguien por infringir una ley no significa que deba hacerlo. Por ejemplo, los policías estatales generalmente no gastan tiempo o recursos multando a las personas por conducir a 5 o 10 millas por hora por encima del límite de velocidad».
Los favorecidos
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la discreción procesal otorgada a los fiscales de ICE beneficiará a unos 700,000 de los 1.7 millones de casos (40%) acumulados a hasta finales de marzo en la Corte de Inmigración (EOIR) que no representan una amenaza a la seguridad pública, nacional o fronteriza de Estados Unidos.
Y no se trata de una estrategia nueva. “El mismo principio ha sido utilizado durante mucho tiempo a la aplicación de la ley de inmigración, tanto bajo las administraciones republicanas como demócratas”, dice Sánchez-Roig.
La abogada de inmigración, quien ejerce en Miami, Florida, dice además que “sin embargo, algunos estados han demandado para bloquear las prioridades de aplicación del gobierno anunciadas el año pasado” y cita el fallo de un tribunal federal en Ohio que limitó cuándo ICE puede usar la discrecionalidad para determinar si debe liberar a ciertas personas sujetas a detención obligatoria.
A mediados de abril, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 6to Circuito anuló el fallo de Ohio y dio luz verde al gobierno para seguir implementando sus prioridades, las mismas que a partir de este lunes utilizan los fiscales de ICE para cancelar administrativamente, terminar o reabrir casos de deportación de personas que no representan una amenaza a la seguridad pública o nacional de Estados Unidos.
Una manera de hacer justicia
El objetivo de el memorando Doyle “es garantizar que ICE enfoque sus recursos limitados de manera efectiva y persiga resultados justos”, señala Sánchez-Roig. “Al alentar a los fiscales a buscar la desestimación de los casos de tribunales de inmigración que no son prioritarios, ICE espera reducir el enorme y creciente retraso en los tribunales de inmigración.
El documento (política temporal de OPLA) explica y amplía las prioridades de aplicación emitidas por el secretario del DHS a finales de septiembre del año pasado. Habla de cómo los abogados de ICE deben ahora implementar esas prioridades en la Corte de Inmigración.
Las nuevas funciones
En cuando a las nuevas funciones o discreción otorgada, el memorando Doyle ordena a los fiscales de OPLA que revisen sus casos en busca de indicios de que el expediente se encuentra dentro de una de las tres prioridades de aplicación.
Para los casos no prioritarios, el Memorándum de Doyle enfatiza su preferencia, “sobre todas las demás formas de discreción, por no presentar una Notificación de Comparecencia (NTA) o desestimar de inmediato los casos en los que ya se ha presentado una NTA para excluir de manera eficiente aquellos casos no prioritarios del expediente por completo”, indica Sánchez-Roig.
El memorándum Doyle también incluye factores agravantes y atenuantes adicionales a considerar. Los nuevos factores atenuantes incluyen si la persona es titular de una tarjeta verde (green card) y si hubo un motivo discriminatorio en el arresto de la persona.
Sánchez-Roig también menciona que bajo el memorándum Doyle, los fiscales de ICE han recibido la dirección y las herramientas para ejercer la discreción procesal para aquellas personas que consideran que no son una prioridad de ejecución.
Se destacan dos vías:
- Para los casos que aún no se encuentran en la corte de inmigración, los fiscales de ICE pueden optar por no iniciar los procedimientos de deportación; y
- Para los casos que ya están en la corte de inmigración, los fiscales de ICE pueden optar por presentar una moción para desestimar el caso, independientemente de si la persona quiere que se desestime su caso.
Sánchez dijo que su oficina “ya hemos presentado solicitudes por escrito de discreción procesal a OPLA. Esas solicitudes abordan cada una de las prioridades establecidas en el memorándum de Mayorkas, evidencian que nuestros clientes no son un caso prioritario.
Y que tienen beneficios de inmigración disponibles fuera de los procedimientos judiciales de inmigración, es decir, a través de USCIS o tienen un nuevo beneficio disponible a través de la corte de inmigración o, en ciertos casos, el demandado ya no es deportable debido a cambios sustitutivos en la ley”, apuntó.
