Una vez más las organizaciones guatemaltecas impulsan otro esfuerzo para exigir a la administración del presidente Joe Biden que apruebe un programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), en el que se ampare a aproximadamente 700 mil guatemaltecos indocumentados en Estados Unidos.
En conferencia de prensa, los activistas y miembros de la comunidad anunciaron en el emblemático MacArthur Park, en Los Ángeles, que entre el viernes 26 de abril y el miércoles 1 de mayo realizarán cabildeos ante la Casa Blanca, el Congreso y diversas organizaciones pro-inmigrantes con el fin de sumar fuerzas que respalden su lucha.
En diferentes momentos y durante varios gobiernos se ha solicitado el TPS para los guatemaltecos en Estados Unidos, pero éste ha sido negado.
En enero de 1999 se le otorgó este alivio migratorio a Honduras y Nicaragua a raíz del devastador huracán Mitch, mientras que a los salvadoreños se les dio en 2001 luego de dos destructores terremotos.
Con la llegada en enero de 2024 del nuevo gobierno guatemalteco, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, los activistas consideran que es el momento indicado para que Estados Unidos apruebe un alivio migratorio para sus connacionales, como una forma de fortalecer la alianza con su socio estratégico en la región y darle oxígeno a una sociedad golpeada por la corrupción, la
inseguridad y la pobreza.
Un grupo de aproximadamente 20 personas, entre miembros y colaboradores de la Red Migrante, viajó a finales de enero a Guatemala a reunirse con la vicepresidenta Karin Herrera y miembros del Congreso.
En esos encuentros plantearon que era necesario Unir apoyos para solicitar el TPS. Luego, a finales
de marzo lanzaron una petición digital para que la comunidad migrante firme y respalde esta iniciativa.
Entre los asesores de esta ofensiva migratoria se encuentra Meredith Brown, veterana abogada de inmigracion y defensora de los derechos civiles.
La experta sostiene que en el viaje a la capital estadounidense van a realizar cabildeos en el Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, entre otras instituciones federales.
El argumento principal que están utilizando los activistas para esta petición es la rampante corrupción, asegurando que esa es la raíz de la inseguridad, la pobreza y la migración.
De acuerdo al Centro Pew, en el 2021 vivían 1.8 millones de personas de ascendencia guatemalteca en Estados Unidos, al menos 700 mil de ellos son personas indocumentadas.
En el lapso de 21 años, entre 2000 y 2021, la población guatemalteca creció un 336%. A principios del Siglo XXI eran tan solo 410,000 personas.
Anita Isaacs, profesora de ciencias políticas de Haverford College en New York, asegura que la corrupción en suelo guatemalteco tiene una enorme conexión con la migración, al explicar que no hay fondos para el desarrollo y combate a la pobreza porque cualquier tipo de recurso financiero cae en manos de individuos o grupos corruptos.
“Tiene mucho sentido el esfuerzo de los migrantes al argumentar que mientras la corrupción siga, no pueden regresar”, dijo la académica, quien ha estudiado la política y la democratización guatemalteca.
En los últimos años, más de 50 fiscales, jueces, magistrados y periodistas han salido de Guatemala huyendo de la persecución impulsada por el Ministerio Público, bajo las órdenes de la fiscal general Consuelo Porras, lo que según los expertos demuestra el poder que tiene el denominado “pacto de corruptos”, en el que están involucrados militares, empresarios, políticos y estructuras del crimen organizado.
“El sistema judicial de Guatemala ha sido cooptado por el crimen organizado desde hace bastante años. Aun con las elecciones donde llegó un gobierno comprometido en luchar contra la corrupción sus manos están atadas, por el hecho de que Consuelo Porras sigue como fiscal general; mientras ella siga en el puesto, nada puede cambiar. [Los aliados de Porras] siguen manteniendo el control sobre el sistema judicial y sobre el sistema político”, apuntó Isaacs.
Este problema virulento es reconocido por Washington. En el marco de la visita que el presidente Arévalo realizó a finales de marzo a la capital estadounidense, la vicepresidenta Kamala Harris aseguró que la corrupción erosiona la democracia y felicitó al mandatario guatemalteco por el compromiso adquirido en restablecer el Estado de derecho.
“La corrupción empodera a las organizaciones criminales y perpetúan la violencia, factores que obligan a la gente a dejar su país de origen”, dijo Harris en declaraciones recogidas por la agencia AP.
Esa coincidencia, entre autoridades estadounidenses y migrantes guatemaltecos, es un factor a favor para que la solicitud de TPS, que se está afinando con todos sus argumentos, sea considerada por la administración Biden, sostienen los activistas.
David Oxlaj, originario de Totonicapán, viajará a Washington en la comitiva que saldrá de Los Ángeles este jueves, 25 de abril, por la noche. Este inmigrante maya kʼicheʼ participará en la vigilia programada el sábado, 27 de abril, frente a la Casa Blanca en donde se unirán miembros de la comunidad y activistas que exigen la pronta aprobación del TPS. También van a recorrer la ciudad recolectando firmas en apoyo a esta causa.
“Queremos que nuestras familias tengan una protección”, dijo Oxlaj, de 45 años, quien a pesar de que tiene un permiso de trabajo y su solicitud de residencia permanente está avanzada, no se olvida de sus connacionales que viven bajo las sombras. “Urge que las autoridades estadounidenses aprueben un TPS”, subrayó.
