Cárceles del Estado recibieron millones del ICE antes de la prohibición estatal
Los centros penitenciarios de varios condados registraron ingresos sin precedentes por alojar a migrantes bajo custodia federal, en medio del aumento de las detenciones migratorias. La práctica llegará a su fin en noviembre de 2026 debido a una nueva ley estatal que ha generado disputas judiciales entre autoridades locales y el gobierno de Nueva York.
Las cárceles administradas por los condados del estado de Nueva York obtuvieron ganancias millonarias al albergar a personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un período marcado por el incremento de las operaciones migratorias impulsadas por la administración federal del presidente Donald Trump.
De acuerdo con registros oficiales divulgados por el medio especializado New York Focus, las administraciones penitenciarias locales facturaron cerca de 20 millones de dólares al gobierno federal entre enero de 2025 y julio de 2026 por servicios relacionados con la detención y custodia de inmigrantes.
Sin embargo, este flujo de ingresos está próximo a desaparecer tras la aprobación de una legislación estatal que prohíbe a las cárceles de los condados continuar alojando detenidos para el ICE. La medida fue incorporada al presupuesto estatal y promulgada por la gobernadora Kathy Hochul, estableciendo el 25 de noviembre de 2026 como fecha límite para poner fin a estos acuerdos de cooperación.
La nueva normativa ha desatado una intensa controversia política y legal, especialmente en aquellos condados que llegaron a depender de manera significativa de los fondos federales asociados a la detención migratoria.
Un negocio que creció con detenciones migratorias
El incremento de las operaciones de control migratorio durante los últimos dos años provocó una mayor demanda de espacios de detención temporal en distintas regiones del estado.
Ante esa necesidad, varias cárceles administradas por los condados ampliaron o fortalecieron sus acuerdos con el ICE para recibir personas detenidas mientras avanzaban sus procedimientos migratorios.
Los documentos analizados muestran que algunos centros duplicaron e incluso superaron ampliamente los ingresos obtenidos en años anteriores gracias al aumento de la población bajo custodia federal y a la revisión de las tarifas de reembolso pagadas por el gobierno nacional.
Mientras algunas instalaciones funcionaron principalmente como centros de tránsito para estadías cortas, otras se convirtieron en lugares de confinamiento prolongado donde los inmigrantes permanecían durante semanas o meses.
El condado de Orange encabezó la facturación
Entre todos los condados participantes, Orange se consolidó como uno de los principales receptores de detenidos del ICE dentro del área metropolitana de Nueva York.
La cárcel del condado registró una facturación promedio superior a los 800.000 dólares mensuales durante el período analizado, convirtiéndose en uno de los centros de detención migratoria más relevantes de la región.
Los ingresos aumentaron de aproximadamente 3,5 millones de dólares en 2024 a 8,4 millones durante 2025, impulsados tanto por el crecimiento de la población detenida como por un incremento considerable en los reembolsos federales.
La tarifa diaria pagada por cada detenido pasó de 133 dólares a 233 dólares a finales de 2025, una variación que contribuyó significativamente al aumento de la recaudación.
Durante los primeros siete meses de 2026, el condado sumó además más de siete millones de dólares adicionales por este concepto.
Broome amplió operaciones
Otro de los casos destacados es el del condado de Broome, cuya cárcel comenzó a recibir detenidos del ICE a partir de 2025.
Inicialmente, autoridades locales habían señalado que la mayoría de los inmigrantes permanecerían únicamente algunos días en las instalaciones. Sin embargo, posteriores revisiones revelaron que muchos permanecieron durante períodos considerablemente más largos.
Los registros muestran que algunos detenidos residieron en el centro penitenciario durante varios meses, generando un aumento constante de los ingresos federales.
Con una tarifa diaria de 110 dólares por persona, la cárcel acumuló aproximadamente 1,2 millones de dólares hasta mediados de 2026.
Entre las facturaciones también se incluyó un cargo superior a los 100.000 dólares por horas extras de personal encargado de custodiar a un detenido hospitalizado durante tres meses.
Nassau fortaleció su cooperación con el ICE
En Long Island, el condado de Nassau también incrementó sus vínculos con las autoridades federales de inmigración.
Aunque parte de la documentación financiera relacionada con estos acuerdos no ha sido divulgada públicamente, estimaciones basadas en registros penitenciarios y tarifas vigentes indican que la facturación acumulada habría superado los 1,3 millones de dólares desde comienzos de 2025.
La administración local ha mantenido una postura favorable a la cooperación con el ICE, defendiendo la participación de la cárcel del condado dentro del sistema federal de detención migratoria.
Niagara y Allegany alojaron a mujeres inmigrantes
En el oeste del estado, los condados de Niagara y Allegany desempeñaron un papel particular dentro de la red de detención.
Ambas instalaciones fueron utilizadas para alojar a mujeres inmigrantes, convirtiéndose en los únicos centros con esta función dentro de esa región de Nueva York.
Las operaciones permitieron recaudar alrededor de 415.000 dólares en Niagara y aproximadamente 270.000 dólares en Allegany desde la puesta en marcha de los acuerdos.
No obstante, hacia julio de 2026 ambas instalaciones ya habían reportado la ausencia de personas bajo custodia migratoria.
La nueva ley estatal cambia el panorama
La legislación aprobada por el estado representa un cambio significativo en la política penitenciaria neoyorquina.
La norma prohíbe que los gobiernos de los condados continúen celebrando o manteniendo contratos que permitan utilizar sus cárceles para alojar personas detenidas exclusivamente por razones migratorias.
Los defensores de la medida sostienen que las instalaciones locales no deben formar parte de la infraestructura utilizada para ejecutar políticas federales de deportación.
Además, argumentan que el uso de cárceles locales para estos fines genera preocupación entre organizaciones comunitarias, grupos defensores de los derechos civiles y activistas de inmigración.
Alguaciles presentan demanda contra la prohibición
La entrada en vigor de la ley ha sido recibida con resistencia por parte de algunos responsables de los sistemas penitenciarios locales.
Los alguaciles Paul Arteta, del condado de Orange, y Fred Akshar, del condado de Broome, han liderado acciones legales para intentar bloquear la aplicación de la normativa.
Según los demandantes, los contratos con el ICE proporcionan recursos económicos que ayudan a compensar los elevados costos operativos de las cárceles y alivian la presión financiera sobre los contribuyentes locales.
Los defensores de la cooperación federal sostienen además que la eliminación de estos ingresos podría afectar la estabilidad presupuestaria de algunos sistemas penitenciarios.
Otros condados optaron por retirarse
No todas las jurisdicciones reaccionaron de la misma manera.
Algunos departamentos de seguridad decidieron abandonar los acuerdos con el ICE incluso antes de la entrada en vigor de la prohibición estatal.
Tal fue el caso del condado de Clinton, donde las autoridades concluyeron que los reembolsos federales no cubrían adecuadamente los costos reales asociados al alojamiento de personas detenidas.
Según funcionarios locales, la compensación económica ofrecida resultaba insuficiente para justificar la continuidad del programa.
ICE busca nuevas alternativas de detención
Ante la inminente pérdida de espacios en las cárceles de los condados, la agencia federal ya trabaja en nuevas soluciones de infraestructura.
Entre las opciones evaluadas figura la ampliación de instalaciones federales existentes dentro del propio estado de Nueva York para mantener capacidad de alojamiento para personas sujetas a procesos migratorios.
Uno de los proyectos contempla la construcción de un módulo temporal adicional en el centro federal de detención de Batavia, en las cercanías de Buffalo, con capacidad para albergar hasta 100 mujeres inmigrantes.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos del ICE por reorganizar su red de detención antes de que entre en vigor la prohibición estatal.
Un debate que trasciende lo económico
La controversia refleja un debate más amplio sobre el papel que deben desempeñar las autoridades estatales y locales en la aplicación de las políticas migratorias federales.
Mientras algunos funcionarios consideran que la cooperación con el ICE representa una fuente legítima de ingresos y un apoyo a la seguridad pública, otros sostienen que los gobiernos locales deben mantenerse al margen de los procesos de detención relacionados con la inmigración.
Con la fecha límite de noviembre cada vez más cercana, el resultado de las disputas judiciales y las decisiones administrativas que adopten los distintos condados determinarán el futuro de una práctica que, durante años, generó millones de dólares para las cárceles locales de Nueva York.