Un error de la Corte Suprema generó una orden de deportación a un extranjero a quien se la había negado la residencia, porque declaró falsamente durante un trámite de licencia de conducir, en el estado de Georgia, que era ciudadano estadounidense cuando en realidad no lo era.
La Corte Suprema falló que extranjeros quienes declaren falsamente en un trámite y afirmen un estatus de permanencia que no tienen, no pueden apelar las decisiones que tome el Departamento de Justicia (DOJ) cuando le niegan un beneficio y/o emiten una orden de deportación.
El dictamen zanjó una disputa jurídica entablada por el ciudadano de origen indio Pankajkumar Patel, quien ingresó ilegalmente al país con su esposa en la década de los 90.
Posteriormente Patel solicitó la residencia legal permanente, un ajuste discrecional bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), proceso que lo hubiese convertido a él y su esposa en residentes legales permanentes (green card).
El servicio de inmigración, sin embargo, rechazó tal acción toda vez que se descubrió que Pankajkumar Patel había mentido en una solicitud de licencia de conducir en el estado de Georgia, indicando que era ciudadano estadounidense. Y tampoco pudo demostrar que tenía una entrada legalmente autorizada a Estados Unidos.ç
En la decisión de la Corte Suprema se lee que la declaración falsa de que una persona es ciudadana estadounidense cuando no lo es, no solo faculta al gobierno rechazar la solicitud de un beneficio, sino que además la persona se convierte legalmente en inadmisible para recibir la residencia y por haberse presentado a sí mismo cuando no lo era.
Cuando el gobierno inició un proceso de deportación contra Patel y su esposa debido a su entrada ilegal a Estados Unidos, el inmigrante buscó alivio de remoción mediante la renovación de su solicitud de ajuste de estatus.
En esa ocasión el Sr. Patel arguyó ante un juez de inmigración que había marcado por error la casilla «ciudadano» en la solicitud estatal y, por lo tanto, carecía de intención subjetiva necesaria para violar el estatuto federal.
Pero el juez no estuvo de acuerdo con la explicación y le negó la solicitud de ajuste de estatus y ordenó que Patel y su esposa sean deportados.
Apelación
Una vez emitida la orden de deportación, Patel apeló la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), instancia que desestimó el recurso.
Patel entonces solicitó a la Corte de Apelaciones del 11 Circuito que revisara el caso, pero un panel de tres jueces respondió que “carecía de jurisdicción para considerar su demanda”.
La Corte Suprema señaló que la ley federal “prohíbe la revisión judicial de cualquier fallo relacionado con la concesión de alivio” bajo el amparo de la Ley de Inmigración.
A su vez, el panel razonó que “el hecho de fondo involucraba a un hombre de la India que ha vivido en Estados Unidos durante 30 años” y que el Departamento de Justicia había descubierto “que no era elegible para el alivio de la deportación porque una vez tergiversó su ciudadanía en un formulario de licencia de conducir”.
Ante esto, la Corte Suprema decidió que las cortes no tienen jurisdicción para revisar este tipo de casos y, por lo tanto “él (Patel) y las personas en situaciones similares no pueden apelar la decisión del Departamento de Justicia en la Corte Suprema”.
Tras el fallo, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) dijo que la decisión de la Corte Suprema, en el caso Patel v. Garland, se trataba de un “despojo” para os no ciudadanos de una vía de alivio en caso de decisiones incorrectas.
La decisión del tribunal niega la revisión judicial de las determinaciones fácticas de un tribunal de inmigración con respecto a ciertas solicitudes de alivio de deportación, como las solicitudes para que un no ciudadano se convierta en residente permanente legal.
“Esta decisión despoja a los no ciudadanos de una importante vía de alivio después de decisiones incorrectas de los jueces de inmigración. Lo hace ignorando el lenguaje sencillo de la ley, que prohíbe por poco revisar solo las sentencias relativas a la concesión de medidas cautelares”, dijo Jeremy McKinney, presidente electo de AILA. Agregó que “muchos de los que enfrentan la deportación han vivido en nuestras comunidades, criado familias y contribuido a nuestra prosperidad compartida durante años; en este caso, un error inocente en un formulario del DMV debería haber sido revisable.
Esta decisión es profundamente decepcionante para mí como abogado, pero más que eso es perjudicial para la obligación fundamental de nuestra nación de tratar a las personas de manera justa, independientemente de su país de origen”, apuntó.
