Una jueza federal emitió un fallo que despeja el camino para la continuidad de la llamada Ley de Luz Verde en Nueva York, rechazando los intentos del gobierno federal de impedir que el estado otorgue licencias de conducir sin exigir prueba de estatus migratorio legal. La decisión representa un revés para la administración federal, que había cuestionado la validez de la normativa estatal.
El fallo judicial y los argumentos presentados
La jueza Anne M. Nardacci, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, concluyó que el Departamento de Justicia no logró demostrar que la ley estatal pretendiera invalidar legislación federal ni que impusiera regulaciones o discriminación indebida contra el gobierno federal. La demanda, presentada en febrero contra la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James, sostenía que la ley interfería con la autoridad federal en materia migratoria. Sin embargo, la jueza subrayó que su función no era evaluar la conveniencia de la política, sino determinar si existía una violación a la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece la primacía de las leyes federales. Según su dictamen, los argumentos presentados “no lograron establecer tal reclamo”.
Reacciones estatales y críticas federales
Tras conocerse la decisión, la fiscal general Letitia James reiteró que la normativa busca proteger derechos y fortalecer la seguridad comunitaria. Por su parte, funcionarios federales habían criticado la ley desde su aprobación, argumentando que impedía a agentes de inmigración acceder a información relevante durante operativos o detenciones de tránsito. Entre las críticas más destacadas figuraba la afirmación de que la ley priorizaba a personas sin estatus legal sobre ciudadanos estadounidenses, al restringir el acceso a ciertos registros estatales.
Objetivos y funcionamiento de la Ley de Luz Verde
La Ley de Luz Verde, oficialmente denominada Driver’s License Access and Privacy Act, fue aprobada con el propósito de mejorar la seguridad vial. Antes de su implementación, muchas personas conducían sin licencia o sin haber pasado un examen de manejo, lo que representaba un riesgo para todos los usuarios de la vía. La normativa permite que quienes no poseen un número de Seguro Social presenten documentos alternativos, como pasaportes válidos o licencias emitidas en otros países. Aun así, los solicitantes deben obtener un permiso de conducir y aprobar un examen práctico para recibir una licencia estándar. La ley no se aplica a licencias comerciales.
Argumentos del Departamento de Justicia y preocupaciones de seguridad
El Departamento de Justicia había alegado que la ley constituía un obstáculo directo a la aplicación de leyes migratorias federales, especialmente debido a una disposición que exige notificar a ciertos solicitantes cuando una agencia federal solicita su información. También se argumentó que el acceso limitado a los registros estatales dificultaba la labor de agentes federales y locales, especialmente durante detenciones de tránsito. Algunos representantes de cuerpos de seguridad expresaron que la falta de acceso inmediato a información vehicular podría aumentar los riesgos operativos.
Contexto reciente y preocupaciones tras un incidente en Vermont
Aunque la ley entró en vigor en 2019, volvió a ser objeto de debate tras un tiroteo mortal en Vermont que involucró a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza y a un ciudadano alemán durante una parada de tráfico. El incidente reavivó cuestionamientos sobre el acceso a información vehicular y la seguridad de los agentes.
Acceso a la información bajo supervisión judicial
En su fallo, la jueza Nardacci señaló que la ley no elimina por completo el acceso federal a los datos estatales. Indicó que la información continúa disponible para las autoridades migratorias cuando se solicita mediante una orden judicial válida o una orden de registro emitida por un tribunal, tal como ya había establecido un tribunal de apelaciones en un caso previo relacionado con la misma ley.
