Una corte de Brooklyn, Nueva York, rechazó una petición para que los servicios de inmigración procesen nuevas solicitudes del Programa de Acción Diferida (DACA). Al rededor 83,000 beneficiarios del programa, comúnmente referidos como “Dreamers”, no podrán solicitar los beneficios del programa que les otorga amparos de deportación y permisos de trabajo.
El juez Nicholas G. Garaufis explicó que los demandantes en el caso Martín Batalla Vidal vs. Mayorkas, querían cambiar un fallo pasado por Texas el año pasado, que suspendió el programa y sus beneficios a dreamers que no se habían escrito.
“Debido a que el demandante buscó una reparación que iba mucho más allá del propósito de la orden judicial dictada por la corte de distrito de Texas, este tribunal deniega la solicitud”, escribió Garaufis en un fallo de 14 páginas.
Este fallo significa que estos Dreamers que estaban aplicando por primera vez para DACA seguirán estando en limbo por el fallo emitido el año pasado en Texas.
El programa de DACA, que le permite a aquellas personas traidas a los Estados Unidos ilegalmente antes de sus 17 años tener un estatus legal en el país, fue aprobado por la adminitración Obama en el 2012.
Traídos a los Estados Unidos sin documentos cuando eran niños, El DREAM Act les permitió a los Dreamers trabajar legalmente y evitar la deportación si cumplían con ciertos requisitos y pasaban una verificación de antecedentes. Algunos de estos inmigrantes, muchos de los cuales ya tienen más de 30 años, solo hablan inglés. Por lo general, sienten una conexión mucho más fuerte con los Estados Unidos que con su país de origen, ya que recuerdan poco o nada sobre los pocos años que pasaron en su país de nacimiento.
En 2019 el ex presidete Donald Trump calificó al progrma como ilegal, e insteo a la Corte Suprema a eliminarlo. Sin embargo, la Corte dictaminó en diciembre de 2020 que el programa podía continuar.
Según un informe del Center for American Progress, las contribuciones de los beneficiarios de DACA a la economía son considerables. Recipientes de DACA y sus familias pagan $5.7 mil millones en impuestos federales, $3.1 mil millones en impuestos estatales y locales. También pagan aproximadamente $613,8 millones en pagos de hipoteca y $2,300 millones en pagos anuales de alquiler.
