La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la apelación de un grupo de estados liderados por republicanos para intervenir en un caso que desafía la política de inmigración de «carga pública», impuesta en la era Trump y cuya versión el gobierno de Biden dejó de implementar.
El caso no se centró en la legalidad de la regla. Por el contrario, evaluó si la administración de Biden siguió los procedimientos adecuados para revocar la político y para desestimar los desafíos legales pendientes.
La decisión de la Corte Suprema representan un golpe para los estados conservadores que le pidieron al alto tribunal intervenir.
El presidente de la corte, John Roberts, escribió una opinión a la que se unieron los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch.
Roberts manifestó su frustración con el gobierno de Biden por eludir ciertos procedimientos para revertir la política de Trump. En ese sentido, señaló que las maniobras plantearon «una serie de preguntas importantes» para futuras disputas.
Sin embargo, dijo que «quedó claro que este desorden podría interponerse en el camino para llegar a la cuestión planteada» en el caso. Y, por lo tanto, estuvo de acuerdo en que la apelación republicana debía desestimarse.
Antecedentes del caso
La ley federal de inmigración vigente utiliza el término ‘carga pública’ para referirse generalmente a los beneficiarios (extranjeros) de beneficios federales disponibles. Pero carece de una definición precisa y clara al respecto.
Durante el gobierno de Bill Clinton (1993-2001), la. carga pública se refería solo a un extranjero que recibía beneficios en efectivo, como cupones de comida, a diferencia de otros tipos de beneficios legales disponibles.
En 2019, sin embargo, durante el gobierno de Donald Trump, se emitió una regla final que definía la carga pública como una persona que no es ciudadana y que probablemente necesitaría beneficios en efectivo y/o vivienda, asistencia alimentaria o seguro médico provistos por el gobierno durante más de doce meses, detalla el sitio especializado en información legal Oyez.com.
A principios del año pasado, tras la llegada de Biden a la Casa Blanca, la regla de carga pública de Trump fue eliminada y en su lugar se reactivó la regla de 1999.
Texas y otros 12 estados demandaron la política de Biden, pero la Corte de Apelaciones del 9º Circuito falló a favor del gobierno.
El cambio de Biden en inmigración
En febrero pasado, el gobierno de Biden empezó a cambiar nuevamente la política al considerar qué beneficios públicos indicarían que un individuo depende en gran medida del gobierno federal y excluir los beneficios, como los programas de asistencia alimentaria y los beneficios de vivienda, que no deberían usarse contra un individuo que de otra manera depende de sus propios recursos.
«La regla de carga pública de 2019 no era coherente con los valores de nuestra nación», dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en febrero. «Bajo esta regla propuesta, volveremos a la comprensión histórica del término ‘carga pública’. Y los individuos no serán penalizados por elegir acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos».
