El estado de Texas pidió este jueves a la Corte Suprema de Justicia que deje sin efecto las prioridades de deportación del presidente Joe Biden, vigentes desde septiembre del año pasado.
En un escrito dirigido al máximo tribunal de justicia por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, pide a los magistrados “que eviten que la Administración Biden permita que miles de extranjeros criminales deportables caminen libremente en comunidades de todo Estados Unidos”.
Los estados de Texas y Louisiana demandaron la política de deportaciones de Biden después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitiera en septiembre del año pasado las denominadas “Pautas para la aplicación de la Ley de Inmigración Civil» (Memorando Final)”, enfocadas en aquellos extranjeros que han cometido crímenes que los convierten en una amenaza a la seguridad nacional y pública de Estados Unidos.
Los republicanos alegan que los extranjeros con una orden de deportación final son criminales que deben ser expulsados del país.
La Corte Suprema celebrará una audiencia a finales de noviembre para revisar la demanda entablada por Texas y Louisiana.
El escrito del fiscal general de Texas, Ken Paxton, pide “que eviten que la Administración Biden permita que miles de extranjeros criminales deportables caminen libremente en comunidades de todo Estados Unidos”.
Tanto Texas como el estado de Louisiana demandaron la política de deportaciones de Biden después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitiera en septiembre del año pasado las denominadas “Pautas para la aplicación de la Ley de Inmigración Civil» (Memorando Final)”, enfocadas en aquellos extranjeros que han cometido crímenes que los convierten en una amenaza a la seguridad nacional y pública de Estados Unidos.
Los republicanos alegan que los extranjeros con una orden de deportación final son criminales que deben ser expulsados del país.
La Corte Suprema celebrará una audiencia a finales de noviembre para revisar la demanda entablada por Texas y Louisiana.
El Fiscal Paxton señala que “inicialmente se había requerido que estas categorías de extranjeros criminales peligrosos fueran detenidos” y con ello hacer frente, dijo, “a las crecientes tasas de actividad criminal por parte de extranjeros».
El fiscal general texano indicó además que un tribunal federal de distrito previamente había fallado falló a favor de los Estados (demandantes) y encontró que el Memorando Final de la Administración Biden (emitido el septiembre del 2021) violaba la ley, era arbitrario y caprichoso, y procesalmente inválido”.
«Es difícil imaginar una política más peligrosa y radical que la decisión de la Administración Biden de permitir que los criminales violentos anden libremente por nuestras comunidades», dijo Paxton.
El argumento también tiene el fin de proteger a las comunidades de Texas y defender el estado de derecho, insto a la Corte Suprema de Estados Unidos a que confirme la sentencia del tribunal de distrito y exija al DHS que detenga a los extranjeros ilegales criminales, incluidos todos los extranjeros con orden final de deportación.
En el documento se alega que el Congreso o ha otorgado libertad a las agencias federales, en este caso al DHS, para “ignorar la dirección legislativa en el esquema estatutario que administra la agencia”. Y que a través de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) el Congreso ha ordenado que el Ejecutivo detenga a extranjeros delincuentes específicos y aquellos con “órdenes finales de deportación en espera de su deportación”.
Este Tribunal, dice el documento de Texas enviado a la Corte Suprema, “debe confirmar la sentencia del tribunal de distrito de que el Memorándum Final (las prioridades de deportación de Biden) perjudica a los Estados, es sustancial y procesalmente ilegal y debe anularse”.
