El gobierno de Estados Unidos anunció un cambio regulatorio destinado a aliviar las dificultades migratorias que enfrentan miles de trabajadores religiosos extranjeros que sirven en comunidades de fe en todo el país. En un contexto de restricciones migratorias más estrictas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) introdujo una medida que busca reducir interrupciones en las labores pastorales y facilitar la continuidad del servicio religioso en congregaciones que dependen de clérigos nacidos en el extranjero.
Un ajuste normativo
El DHS informó que la nueva norma tiene como objetivo agilizar los tiempos de espera para la obtención de visas fuera de Estados Unidos y resolver un problema que afectaba directamente a titulares de visas R‑1, una categoría temporal utilizada por pastores, sacerdotes, monjas, imanes, rabinos y otros trabajadores religiosos.
Hasta ahora, quienes alcanzaban el límite máximo de cinco años de estadía con la visa R‑1 debían abandonar el país durante un año antes de poder solicitar un nuevo ingreso. Ese periodo de salida se había convertido en un obstáculo significativo desde que, en 2023, un cambio en el procesamiento de solicitudes de residencia permanente extendió los tiempos de espera más allá de lo previsto. La nueva norma elimina la obligación de permanecer fuera del país durante un año, permitiendo que los trabajadores religiosos soliciten el reingreso de manera inmediata.
En un comunicado, el DHS destacó la importancia de esta medida para garantizar la continuidad de los servicios religiosos: “Los pastores, los sacerdotes, las monjas y los rabinos son esenciales para el tejido social y moral de este país. Estamos tomando las medidas necesarias para asegurar que las organizaciones religiosas continúen brindando los servicios de los que dependen los estadounidenses”.
Reacciones positivas
La modificación normativa fue recibida con entusiasmo por abogados de inmigración y líderes religiosos, quienes desde hace años advertían sobre el impacto negativo de los retrasos en el procesamiento de residencias permanentes para trabajadores religiosos.
Lance Conklin, abogado de inmigración en Maryland, calificó la medida como un avance significativo: “Potencialmente, le permitiría a la gente no causar alteraciones en el funcionamiento de la organización al tener que hacer que alguien se vaya durante un año, porque esa es una gran imposición ahora”.
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB) también celebró el cambio, describiéndolo como un paso importante para apoyar los servicios religiosos esenciales. En una declaración conjunta, el arzobispo Paul Coakley y el obispo Brendan Cahill expresaron su agradecimiento por la acción del gobierno y subrayaron el valor del programa de visas para trabajadores religiosos.
Desde Chicago, la asesora de inmigración Olga Rojas reaccionó con entusiasmo: “Nos alegra que el gobierno haya implementado este cambio. Nos beneficia para no perder a trabajadores religiosos valiosos que contribuyen tanto a nuestras parroquias y escuelas”.
Dependencia del clero extranjero
La Iglesia católica en Estados Unidos ha dependido durante décadas del clero nacido en el extranjero debido a la escasez de sacerdotes locales. Otras tradiciones religiosas —incluyendo comunidades budistas, congregaciones pentecostales y grupos no angloparlantes— también recurren a líderes religiosos formados en el exterior para atender a sus fieles.
La visa R‑1, válida por cinco años, solía ofrecer tiempo suficiente para que las congregaciones solicitaran la residencia permanente del clero bajo la categoría EB‑4. Sin embargo, los cambios de 2023 alteraron profundamente ese equilibrio.
Aumento de tiempos de Espera
El sistema migratorio estadounidense asigna un número limitado de tarjetas de residencia permanente por año, distribuidas por categorías. Cuando la demanda supera la disponibilidad, se forman filas que pueden extenderse durante años o incluso décadas.
En 2023, el Departamento de Estado decidió incorporar a los menores con Estatus Especial de Inmigrante Juvenil —provenientes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador— a la misma fila general que el clero. Este ajuste provocó retrasos adicionales que pusieron en riesgo la permanencia de miles de trabajadores religiosos en el país.
Aunque no existen cifras exactas, se estima que miles de casos quedaron estancados o imposibilitados de avanzar hacia la residencia permanente.
Presión legal
En 2024, la diócesis de Paterson, Nueva Jersey, junto con cinco sacerdotes afectados, presentó una demanda contra el DHS, el Departamento de Estado y USCIS. La acción legal argumentaba que los cambios de 2023 generaban “una alteración severa y sustancial en la vida y la libertad religiosa” de los sacerdotes y de las comunidades a las que servían.
La demanda fue retirada en 2025, luego de que las agencias federales indicaran que estaban trabajando en una solución normativa. El abogado Raymond Lahoud, representante de la diócesis, celebró la nueva medida, aunque advirtió que persisten desafíos: “El problema subyacente es que todavía tienen que esperar una década para obtener la tarjeta de residencia permanente. La incertidumbre continúa hasta que el Congreso avance hacia una reforma migratoria integral”.
Propuestas legislativas
En la primavera de 2025, legisladores de ambos partidos presentaron un proyecto de ley que busca permitir la extensión de las visas R‑1 mientras las solicitudes de residencia permanente están en trámite. Esta propuesta coincide con el espíritu de la nueva norma del DHS y refleja un creciente consenso sobre la necesidad de proteger la continuidad del servicio religioso en el país.
