El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció una serie de modificaciones en las normas de detención que rigen para cárceles y centros correccionales que albergan a personas bajo custodia migratoria. Los cambios, difundidos esta semana, permiten mayor uso de herramientas de inteligencia artificial en la comunicación con los detenidos y refuerzan la posición legal de los contratistas para negar salarios mínimos en los programas de trabajo voluntario. La agencia justificó las revisiones como un esfuerzo para “reducir la carga” sobre los operadores de detención, pero especialistas advierten que las medidas podrían deteriorar aún más las condiciones en las instalaciones.
Preocupación por el impacto en las condiciones de detención
Expertos en derechos humanos y exfuncionarios federales señalaron que las modificaciones ofrecen más flexibilidad operativa a los contratistas privados y a las cárceles locales que alojan detenidos de ICE, pero no abordan las deficiencias estructurales que afectan a unas 60,000 personas actualmente bajo custodia. Michelle Brane, exombudsman del Departamento de Seguridad Nacional, calificó los cambios como un retroceso en materia de supervisión y protección básica.
Las revisiones llegan en un momento en que las instalaciones de ICE registran cifras sin precedentes de muertes bajo custodia y enfrentan denuncias de negligencia médica, alimentación inadecuada y condiciones inhumanas. El anuncio también coincide con un incremento presupuestario significativo para la agencia, que recibió más de la mitad del reciente paquete federal de gasto destinado a la aplicación de leyes migratorias.
Uso ampliado de inteligencia artificial
Uno de los cambios más relevantes es la autorización para que las instalaciones utilicen herramientas de inteligencia artificial —incluyendo traducción automática y sistemas generativos— para manejar “comunicación no crítica” con los detenidos. Esto incluye interacciones durante el ingreso, conversaciones en las unidades de alojamiento y respuestas a quejas o inquietudes.
Especialistas en salud y derechos de los detenidos alertan que muchas quejas contienen información urgente, como la negación de atención médica. También señalan que la norma no aclara si evaluaciones de salud física o mental podrían realizarse mediante IA, lo que generaría riesgos adicionales.
ICE afirmó que los contratistas deberán garantizar servicios de interpretación y traducción sin costo para los detenidos.
Admisión obligatoria de detenidos y riesgos asociados
Otra modificación prohíbe a las instalaciones negarse a admitir a cualquier persona que ICE les envíe, incluso si presentan condiciones médicas graves o discapacidades que el centro no está preparado para manejar. Aunque la norma exige solicitar el traslado de estos detenidos a otras instalaciones, dicho traslado podría tardar varios días.
Expertos advierten que esta medida podría reducir la responsabilidad legal de los operadores en caso de fallecimientos posteriores, pero aumentaría los riesgos para los detenidos más vulnerables.
Programas de trabajo voluntario
Las nuevas normas también establecen explícitamente que los detenidos que participan en programas de trabajo voluntario no son empleados y, por lo tanto, no tienen derecho a salarios ni beneficios laborales. Esta aclaración fortalece la defensa legal de contratistas como GeoGroup y CoreCivic, que enfrentan demandas por presunto trabajo forzado debido a pagos de apenas un dólar por día.
Además, se prohíbe a las instalaciones pagar más de ese mínimo histórico, eliminando la posibilidad de que un pago superior sea utilizado como argumento en litigios.
Críticas a la reducción de estándares
Exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional señalaron que ICE podría utilizar su presupuesto ampliado para mejorar las condiciones de detención, en lugar de flexibilizar estándares. En administraciones anteriores, fondos sobrantes se destinaron a mejoras recreativas y de visitas, algo que contrasta con el enfoque actual.
Según especialistas, las nuevas normas priorizan la comodidad operativa de los contratistas por encima del bienestar de las personas detenidas, debilitando la supervisión y reduciendo la responsabilidad institucional.
