Miles de inmigrantes denuncia abusos por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes han realizado toqueteos en partes íntimas de mujeres, además de actuar en forma violenta y humillante con niños
Con base en testimonios de más de 4,000 víctimas, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, en inglés) denunció este martes una innecesaria y “sistemática” revisión íntima de inmigrantes en los puestos fronterizos como parte de otras conductas abusivas que incluyen golpes, insultos y amenazas por parte de autoridades migratorias o policiales.
Las denuncias están recogidas en el informe anual de la organización que analizó los testimonios recolectados en noviembre del año pasado en 80 puntos instalados por BNHR en la zona fronteriza que cubre Las Cruces (Nuevo México) hasta San Elizario, en el extremo este del condado de El Paso (Texas).
La mayoría de denuncias involucran a las agencias federales de inmigración como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y especialmente entre los asignados a los puertos de entrada, explicó a la prensa Fernando García, director de BNHR.
“Los insultos, las humillaciones, las amenazas, el decirle cosas a la gente que va pasando (por el puerto de entrada) se ha convertido en una práctica intimidatoria y psicológica muy profunda en nuestras comunidades”, valoró García.
Agregó que las personas tienen “miedo a cruzar” a pie estos puertos fronterizos, así sean ciudadanos estadounidenses, por los patrones de conducta que se están presentando.
El informe resalta que el primer patrón evidente es el uso de la revisión secundaria sin aparente sospecha razonable, a las personas que ingresan al país, y que esta práctica se esta volviendo “sistemática”.
En estas inspecciones secundarias los investigadores encontraron otra conducta preocupante: “Los registros corporales y de cavidades en mujeres”.
“Me pusieron contra la pared, comenzó a revisar mis partes privadas, me golpeó el muslo izquierdo, me abrió las piernas y me preguntaba que si tenía algo en medio”, dijo una hispana que no fue identificada.
Sobre estas inspecciones, García señaló que todos los casos documentados fueron falsas sospechas.
“Las víctimas denunciaron indignación en la vulneración de su dignidad personal por tocamientos, chequeos y golpes físicos injustificados”.
Ese fue precisamente el caso denunciado por Jesús Francisco Dávila, de 71 años, que fue golpeado por un oficial de inmigración cuando por error entregó su tarjeta de elector mexicano en vez de su tarjeta de pasaporte, según recoge el informe.
“Espero que esto se pueda corregir, se que hay agentes que hacen su trabajo pero desafortunadamente hay otros que hacen quedar mal al servicio de inmigración”, indicó el inmigrante en la conferencia de prensa.
La denuncia también destaca el caso de una mujer que dijo ser esposada, insultada, gritada, amenazada y forzada a declararse culpable de un cargo que no había cometido .
“Una vez más, este fue un caso de falso positivo” en una inspección de un puerto fronterizo, aseguran los activistas.
También se discutió la posibilidad de que los agentes fronterizos estén siendo obligados a cumplir cuotas de segundas revisiones.
Las denuncias también se dan entre los agentes de inmigración que se encuentran en los puestos de control.
Si bien la cantidad de abusos documentados por parte de la Patrulla Fronteriza sigue disminuyendo, existe un patrón alarmante de cómo la agencia interactúa con los residentes de la frontera, que son sujetos a registros y aprehensiones innecesarias en violación de los derechos humanos, denunció la organización humanitaria.
Un ejemplo de estos abusos los sufrió María Ávila, que fue detenida con sus hijos con los que viajaba desde El Paso a San Antonio, donde le realizarían una cirugía en sus ojos por una enfermedad congénita.
Ávila dijo que dos veces ha sido detenida. En la primera vez los niños perdieren su cita para la cirugía. En la segunda ocasión su esposo fue detenido y obligado a usar un grillete de inmigración.
“Hasta nos tomaron una foto familiar con mis hijos sin una razón”, explicó la mujer. El reporte puntualiza que lo sucedido es una violación a los derechos constitucionales al tratar de acceder a un procedimiento de emergencia sanitaria.
