La administración del presidente Joe Biden desea que una jueza federal suprima temporalmente el mandato judicial sobre la custodia de niños migrantes no acompañados que llegan a la frontera sur, luego que el gobierno anunciara nuevas salvaguardas que superan estándares del fallo de hace 27 años.
Durante 27 años, las cortes federales de Estados Unidos han ejercido una supervisión especial en torno a las condiciones de custodia para niños migrantes.
El gobierno del presidente Joe Biden desea que una jueza suprima temporalmente esas facultades.
La jueza de distrito Dolly Gee sopesará la solicitud en una audiencia en Los Ángeles el viernes, apenas una semana antes de que entren en vigor nuevas salvaguardas que el gobierno dice cumplen, y de ciertas formas exceden, los estándares establecidos en un histórico acuerdo que lleva el nombre de Jenny Flores, una niña inmigrante de El Salvador.
El gobierno intenta poner fin al Acuerdo Flores en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que asume la custodia de niños que viajan solos tras 72 horas de haber sido arrestados por la Patrulla Fronteriza.
Seguiría en vigor en la Patrulla Fronteriza y en su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional.
El Acuerdo Flores es una piedra angular de las políticas migratorias: obliga a Estados Unidos a entregar rápidamente a los niños que se encuentran detenidos a familiares suyos que vivan en el país, y a establecer estándares en albergues autorizados, incluyendo para alimentos, agua potable, supervisión de adultos, servicios médicos de emergencia, retretes, lavabos, control de temperatura y ventilación.
Surgió después de que en la década de 1980 hubo denuncias generalizadas de malos tratos.
La supervisión de la corte les da a los activistas que representan a niños migrantes amplia autoridad para visitar instalaciones de custodia y efectuar entrevistas con el personal y otros migrantes. Pueden presentar sus quejas ante Gee, que a su vez puede ordenar cambios.
Los abogados de niños migrantes se oponen enérgicamente a la medida de revertir la supervisión de las cortes, alegando en parte que el gobierno federal ha sido incapaz de desarrollar un marco regulatorio en estados que revocaron las licencias de instalaciones que atienden a niños migrantes o podrían hacerlo en el futuro.
Texas y Florida —encabezadas por gobernadores republicanos opuestos a los flujos migratorios sin precedentes— revocaron licencias en 2021, dejando lo que según activistas es un hueco en la supervisión, el cual pone en riesgo la seguridad de los niños.
