Una jueza federal en California emitió un fallo contundente en el que acusa a la administración del presidente Donald Trump de “aterrorizar” a inmigrantes y actuar con un “desprecio temerario” por la ley en su intento de deportar a millones de personas que viven en Estados Unidos sin autorización. La jueza de distrito Sunshine Sykes, con sede en Riverside, sostuvo que las acciones del gobierno no solo afectaron a inmigrantes, sino que también “extendieron su violencia a sus propios ciudadanos”, citando las muertes de Renee Good y Alex Pretti en Minnesota.
Violaciones a órdenes judiciales previas
Sykes determinó que el gobierno había incumplido un fallo emitido en diciembre, en el que se establecía que era ilegal negar a muchos inmigrantes detenidos la oportunidad de ser liberados bajo fianza. La jueza ordenó al Departamento de Seguridad Nacional notificar a los detenidos sobre su posible elegibilidad para fianza y garantizarles acceso telefónico a un abogado dentro de una hora. También anuló en septiembre una decisión de un tribunal de inmigración que la administración había utilizado para justificar la continuidad de su política de detención obligatoria.
Respuesta del gobierno y defensa de su política
Consultada el jueves, la Casa Blanca remitió los comentarios al Departamento de Seguridad Nacional. La agencia respondió que la Corte Suprema ha fallado en repetidas ocasiones en contra de los tribunales inferiores en materia de detención obligatoria. En un comunicado, el DHS afirmó que el ICE “se adhiere a todas las decisiones de la corte hasta que, al final, logra que sean invalidadas por el más alto tribunal de la nación”.
Un cambio drástico respecto a políticas anteriores
En administraciones previas, las personas sin antecedentes penales generalmente podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración mientras sus casos avanzaban, salvo que hubieran sido detenidas en la frontera. La administración Trump revirtió esa práctica y adoptó la detención obligatoria, lo que dejó a miles de inmigrantes sin acceso a audiencias de fianza.
Miles de peticiones de hábeas corpus ante la falta de audiencias
Sin la posibilidad de una audiencia, miles de inmigrantes recurrieron a los tribunales federales para solicitar su liberación. Desde la investidura de Trump, se han presentado más de 20,000 peticiones de hábeas corpus, según registros judiciales. Aunque muchos jueces concedieron estas solicitudes, posteriormente encontraron que el gobierno incumplía sus órdenes de liberar a los detenidos o de proporcionarles el alivio ordenado.
Nuevos señalamientos de desacato y fallas en el cumplimiento
Un juez federal de Minnesota tomó esta semana la medida inusual de declarar en desacato a un abogado del gobierno debido al incumplimiento de una orden que exigía devolver documentos de identificación a un inmigrante cuya liberación ya había sido ordenada. En Nueva Jersey, otro juez federal exigió explicaciones sobre los procedimientos internos para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales. El juez Michael Farbiarz señaló que funcionarios de la administración no habían respetado los plazos establecidos para conceder audiencias de fianza en 12 de los aproximadamente 550 casos revisados desde el 5 de diciembre.
Un recordatorio firme sobre el respeto al poder judicial
En su resolución, Farbiarz fue categórico: “Las órdenes judiciales nunca deben violarse”. El conjunto de fallos y advertencias judiciales refleja una creciente preocupación en los tribunales federales sobre la forma en que la administración Trump ha gestionado la detención de inmigrantes y el cumplimiento de las decisiones judiciales.
